Antonio C. Maldonado V.

Los electores que participarán en las próximas elecciones nacionales, que como sabemos se llevarán a efecto el 29 de noviembre de 2026 por mandato constitucional, tendrán la responsabilidad de elegir a las nuevas autoridades seccionales y nacionales. El Consejo Nacional Electoral (CNE) es el organismo encargado de organizar el proceso electoral, mientras que las resoluciones o decisiones que adopte pueden ser conocidas y resueltas por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE). Aunque no cabe la apelación ordinaria ante la Corte Nacional de Justicia, los afectados pueden acudir, de manera excepcional, a la Corte Constitucional mediante acciones extraordinarias de protección cuando consideren que se han vulnerado derechos constitucionales o el debido proceso.

Para los electores resulta verdaderamente complicado porque la totalidad de los dignatarios a elegirse es de 5772 desglosados en la siguiente forma: 23 prefectos, 23 viceprefectos, 222 alcaldes, 909 concejales urbanos, 457 concejales rurales, 4.131 vocales principales de las juntas parroquiales y 7 consejeros al CPCCS, lo que también resulta complicado para las empresas autorizadas que pueden informar a la ciudadanía en general sobre la votación a favor de quien se han inclinado los votantes; pero en gran parte también se producirán muchos votos en blanco porque la mayoría de electores desconoce quiénes son los candidatos; por ejemplo en una reunión particular en la conversación se plantea en el tema electoral por quien vas a votar para alcalde y la contestación de algunos es “aun no resuelvo porque no se todavía el plan de trabajo que van a realizar y si es posible llevar a efecto todo el paquete de ofertas porque lo fundamental contar con los recursos económicos sin tener que castigar al pueblo con nuevos gravámenes ”, Todo esto ya ha sucedido en nuestra jurisdicción territorial, donde en su momento se impusieron tributos a los habitantes para financiar un puente destinado a un uso parcial y ocasional. También recuerdo que, en dos oportunidades, se revocó el mandato del alcalde de nuestro cantón, situación que provocó inestabilidad política y afectó la gobernabilidad, llevando a Loja a vivir, durante los últimos años, una crisis en su desarrollo político, social, económico y urbanístico.