Rafael Riofrío
Quienes asumimos el ejercicio de la opinión como un compromiso irrenunciable con la defensa de la democracia, el Estado de derecho y la transparencia, no podemos ser simples espectadores ante la progresiva degradación de las garantías institucionales que sustentan la convivencia democrática.
El gobierno, incapaz de consolidar una base de apoyo mediante propuestas efectivas para solucionar los grandes problemas nacionales, ha inclinado la balanza al uso de los organismos de control y de la administración electoral para alterar la contienda antes de llegar a las urnas. La inhabilitación de candidaturas de oposición, las cortapisas a movimientos políticos y el uso arbitrario de la justicia no solo debilita la legitimidad del sistema de partidos, sino que menoscaban el derecho fundamental de la ciudadanía a elegir libremente.
Esta dinámica de confrontación institucional sumada a las recetas de ajuste fiscal, las reformas precarizadoras y la presión sobre los sectores más vulnerables generan un malestar social latente que no puede ser ignorado ni acallado con decretos. La historia reciente demuestra que la imposición económica sin diálogo social es la antesala de estallidos de protesta cuyos costos, humanos y democráticos, terminan siendo asumidos por los sectores populares.
Juanita Goebertus, directora de Human Rights para las Américas manifestó que le “impresiona cómo el gobierno parece estar siendo más efectivo en reducir a la oposición política y a las organizaciones de la sociedad civil, dejando muy tranquila a la criminalidad organizada que sigue avanzando en el territorio.”
Resulta preocupante que el aparato estatal despliegue una rigurosidad implacable para cercar la actividad política de la oposición y monitorear el trabajo de las organizaciones sociales –incluso acusándolas del lavado de activos–, mientras la ciudadanía demanda una respuesta más contundente, estructurada y efectiva frente al avance del crimen organizado y la violencia cotidiana.
La vigencia de una sociedad democrática no se mide únicamente por la realización de elecciones, sino por la calidad de sus garantías, el respeto a la pluralidad política y el equilibrio de poderes. Defender la democracia implica exigir que el CNE actúe con absoluta imparcialidad, que las reglas no se adapten a la conveniencia del gobernante de turno, sino que sea el pueblo, en ejercicio pleno de su soberanía, quien decida el destino del país. La democracia no es una dádiva concedida desde Carondelet, es un derecho que se ejerce y defiende con participación ciudadana.