Mahuad, Correa, Moreno y Bucaram enfrentan condenas por distintos delitos. Dos fallos están ejecutoriados y otros dos permanecen en primera instancia, mientras el país debate los límites del poder, la responsabilidad de los gobernantes y la independencia de la justicia.

Circunstancias

Ecuador registra un hecho político y judicial sin precedentes recientes: cuatro expresidentes han recibido sentencias penales por delitos vinculados con el ejercicio de sus funciones. Los casos corresponden a Jamil Mahuad, Rafael Correa, Lenin Moreno y Abdalá Bucaram, aunque cada proceso presenta circunstancias, delitos e instancias diferentes.

Jamil Mahuad, quien gobernó entre 1998 y 2000, mantiene una sentencia ejecutoriada por peculado. En diciembre de 2025, la Corte Constitucional desestimó su último recurso. Actualmente reside en Estados Unidos.

Rafael Correa, mandatario entre 2007 y 2017, fue condenado por cohecho dentro del caso Sobornos 2012-2016. La resolución de primera instancia se emitió en abril de 2020 y quedó ejecutoriada meses después. Permanece en Bélgica.

El escenario cambió recientemente con Lenin Moreno, presidente entre 2017 y 2021, quien a finales de agosto de 2026 recibió una sentencia de primera instancia por cohecho en el caso Sinohydro. Al contar con medidas alternativas, permanece en libertad.

A esta lista se incorporó Abdalá Bucaram, quien gobernó entre agosto de 1996 y febrero de 1997. El 09 de septiembre de 2026 fue sentenciado en primera instancia por delincuencia organizada dentro del caso Pruebas COVID-19. El exmandatario anunció que apelará.

Criterios

En ese ámbito, existen diversos criterios sobre los acontecimientos. Gilbert José Girón, analista político, expresó en Diario Crónica que “las resoluciones evidencian que el poder presidencial no debe convertirse en un escudo frente a la justicia. Cada expediente debe evaluarse individualmente y con absoluto respeto al debido proceso”.

Además, estos casos también generan una lectura política. Los mandatarios deben asumir que sus decisiones pueden tener consecuencias mucho después de abandonar el poder, por ello, instan a actuar bajo las normas, evitando hacerse de todas las funciones, tal como sucedió con un expresidente y el actual.

Por su arte, Marcia del Cisne Puglla, abogada constitucionalista y docente universitaria, acotó que “el desafío institucional consiste en garantizar independencia judicial. Una sentencia solamente adquiere legitimidad cuando está sustentada en pruebas, garantías procesales y decisiones imparciales”.

Sin embargo, el país observa que la banda presidencial dejó de representar inmunidad frente a los tribunales, aunque eso también da una lectura en lo internacional, que utilizaron el Estado para actuar al margen de la norma.

“Considero que cada función debe ser independiente y hacer cumplir las leyes, así cuenten con recursos ilimitados, por cuanto todos son ciudadanos al final de día, con ello, dan un ejemplo a las nuevas generaciones, quienes en su mayoría buscan un cargo público”, subrayó.(I).