La seguridad en los establecimientos educativos enfrenta dos posiciones entre padres de familia: unos exigen controles inmediatos y otros advierten que las requisas pueden generar tensión y afectar la confianza dentro de las aulas.

Circunstancias

Los ministerios de Educación y del Interior emitieron el Acuerdo Interministerial Nro. MINEDEC-MDI-2026-006-A, mediante el cual se establece el Plan Escudo, una estrategia orientada a fortalecer la seguridad de niños y jóvenes dentro y alrededor de las instituciones educativas.

La disposición ha colocado nuevamente en el centro del debate la posibilidad de efectuar controles e inspecciones de mochilas escolares con participación de la Policía Nacional, como mecanismo preventivo frente al eventual ingreso de armas o sustancias sujetas a fiscalización.

La medida genera posiciones contrapuestas entre padres de familia y docentes. Mariana Benítez, madre de familia de secundaria de la Unidad Educativa del Milenio Bernardo Valdivieso de Loja, manifestó a Diario Crónica su respaldo a la presencia policial en los accesos de los establecimientos. “Estamos viviendo momentos de absoluta inseguridad y las escuelas ya no son las islas de paz de antes. Apoyo totalmente que la Policía Nacional revise las mochilas a la entrada del colegio. No se trata de vulnerar la intimidad de nuestros hijos, sino de proteger sus vidas. Si un estudiante no lleva nada ilegal, no tiene nada que temer”, sostuvo.

La representante añadió que, desde su perspectiva, la protección colectiva debe constituir una prioridad y que los centros educativos necesitan condiciones que permitan garantizar la integridad de quienes acuden diariamente a ellos.

Una posición similar tiene José Andrés Andrade, padre de dos estudiantes de la Unidad Educativa Adolfo Valarezo. Señaló en Crónica que las familias pueden ejercer controles en el hogar, pero no tienen certeza sobre los objetos que otros alumnos podrían llevar consigo. “Como padres nos esforzamos por educar bien en casa, pero no podemos controlar lo que otros alumnos llevan en sus bolsos. Hemos visto casos graves en otros establecimientos y no podemos esperar a que ocurra una tragedia para actuar”, afirmó.

Además, los controles dan tranquilidad de que nuestros hijos entran a un entorno seguro. En el plantel donde estudian mis hijos no han existido inconvenientes, pero sin control podría generarse cualquier problema.

En el otro extremo se encuentra Lorena Rojas, madre de familia de un establecimiento educativo local, quien cuestionó que los uniformados sean los encargados de realizar este tipo de procedimientos. “Convertir las escuelas en recintos de requisa policial envía un mensaje equivocado a los jóvenes: los criminaliza de entrada. La revisión de mochilas por parte de uniformados vulnera el derecho a la intimidad y a la presunción de inocencia”, manifestó.

Rojas considera que la protección de los estudiantes debe abordarse mediante acciones preventivas, protocolos institucionales y acompañamiento familiar. En ese contexto, mencionó la intervención del Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) como parte de una estrategia que permita identificar y atender situaciones de riesgo dentro de la comunidad educativa.

Por su parte, Roberto Morales, docente de nivel medio, señaló en Diario Crónica que comprende la preocupación de las familias frente al escenario de inseguridad. “Comprendemos la angustia de las familias ante la inseguridad actual, pero la revisión de mochilas por parte de la fuerza pública en las puertas del plantel genera un ambiente de tensión y desconfianza que afecta el proceso formativo”, sostuvo.

No obstante, reconoció que, ante situaciones consideradas extremas o de riesgo, podrían ejecutarse controles, aunque advirtió que estas intervenciones deben observar el marco de derechos que rige al sistema educativo.(I).

La provincia de Loja alberga una población estudiantil que supera los 106.000 alumnos distribuidos en sus dos regímenes escolares: Régimen Sierra – Amazonía y Régimen Costa – Galápagos.