La Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Loja registra entre 9 y 11 vacantes de jueces, una situación que ha incrementado la carga laboral para los magistrados que actualmente se encuentran en funciones. La falta de estos funcionarios también tiene incidencia en la programación de audiencias y en la atención de las causas.
En diálogo con Diario Crónica, Luis Gordillo Córdova, quien está al frente de la Dirección Provincial desde el 7 de agosto de 2026, explicó que una de las prioridades de su administración es avanzar en la cobertura de estos puestos, debido a que varias de las vacantes se generaron luego de que jueces se acogieran a la jubilación. Por ello, sus despachos deben ser asumidos temporalmente por otros magistrados.
Situación
De acuerdo con el funcionario, el déficit alcanza entre nueve y once jueces en distintos cantones de la provincia. El Tribunal de Garantías Penales de Loja es uno de los espacios que presenta mayor necesidad, con tres plazas pendientes de cubrir.
Una situación similar ocurre en Catamayo, donde también hacen falta tres jueces. A esto se suma un puesto disponible en una de las salas.
Para atender esta necesidad, la Dirección Provincial mantiene coordinación con el Consejo de la Judicatura a escala nacional. Sin embargo, la incorporación de magistrados debe cumplir previamente con los procedimientos y requisitos establecidos en cada designación.
Carga laboral
Para el director, la ausencia de jueces afecta directamente la distribución de las causas. “Quienes permanecen en sus puestos deben atender los casos correspondientes a sus propias unidades y, adicionalmente, asumir expedientes de los despachos que se encuentran sin titular”, dijo.
Esta situación ha elevado el volumen de trabajo y también incide en la organización de las audiencias. En los Tribunales de Garantías Penales, incluso se han desarrollado jornadas durante los fines de semana para avanzar con las diligencias pendientes.
En ese contexto, destacó que estas actividades se realizan sin que los magistrados reciban una compensación económica adicional. “La decisión responde a la necesidad de evitar que las causas se paralicen y dar continuidad a la atención judicial”, señaló.
Otro factor que condiciona la disponibilidad de fechas es la duración de las diligencias. Una audiencia puede extenderse durante dos, tres o hasta cuatro días, dependiendo de la naturaleza y complejidad de cada caso.
Audiencias
La elevada carga de trabajo ha provocado que algunas diligencias deban ser señaladas con varios meses de anticipación. En determinados casos, las fechas pueden establecerse incluso hasta para un año después.
La espera puede prolongarse cuando, llegado el día previsto, surgen inconvenientes que impiden desarrollar la audiencia. Si esto ocurre, la diligencia debe ser nuevamente señalada, lo que genera un nuevo tiempo de espera.
“Esta realidad no es exclusiva de Loja, sino que también se presenta en otras provincias del país por el gran número de causas que deben atender los órganos jurisdiccionales”, sentenció.
Infraestructura
A la falta de jueces se añade una dificultad relacionada con los espacios físicos. El edificio central donde funcionan el Consejo de la Judicatura, el área administrativa y varias unidades judiciales no cuenta con capacidad suficiente para concentrar todas las dependencias de la Función Judicial.
Por esta razón, distintas áreas funcionan en inmuebles ubicados en diferentes sectores de la ciudad. Entre ellas están las salas de la Corte Provincial de Justicia, las unidades judiciales penales y los Tribunales de Garantías Penales.
Pese a ello, las dependencias continúan con sus actividades y con la atención de las causas correspondientes a cada área.
Gestión
Frente a este escenario, Gordillo señaló que la cobertura de las vacantes constituye uno de los principales retos de su administración, debido a la presión que actualmente recae sobre los jueces en funciones.
“La Dirección Provincial continuará coordinando con el Consejo de la Judicatura nacional los procedimientos necesarios para incorporar nuevos magistrados y reducir la carga de causas que deben ser asumidas por otros despachos”, finalizó.