Fernando Cortés Vivanco
En el gobierno de los bienes comunes, Elinor Ostrom cuestionó una falsa disyuntiva: que para evitar la destrucción de recursos compartidos solo caben la centralización estatal o la privatización. Ella mostró una tercera vía, ni mercado ni Estado: organización y autogestión. No idealizó a las comunidades, sino que mostró bajo qué condiciones pueden crear reglas, sostener compromisos, vigilar su cumplimiento y resolver conflictos.
Su hallazgo tiene una dimensión política que solemos ignorar. Las reglas en uso no se reducen a normas escritas: son las que efectivamente distribuyen derechos, deberes y poder. Ostrom distingue entre decidir dentro de esas reglas, intervenir en su modificación y establecer quién está autorizado a cambiarlas. Por ejemplo, podemos votar y ser excluidos de la decisión sobre cómo se gobierna. De ahí hace sentido que estemos en un sistema representativo, pero no nos sentimos representados.
Acá confundimos democracia con delegación. Votamos, transferimos expectativas y esperamos que un gobernante resuelva problemas que exigen capacidades colectivas. Luego llegan la frustración y la búsqueda de otro «salvador» del país o ciudad. O’Donnell llamó democracia delegativa a esa tendencia a entender el triunfo electoral como autorización para gobernar con controles débiles, al tiempo que la ciudadanía asume un rol pasivo. Hay elecciones, pero se anulan las posibilidades de incidencia ciudadana entre una y otra.
En un Ecuador marcado por la inseguridad y la falta de oportunidades, no basta con exigir mayor participación ciudadana. Ostrom plantea un problema: para construir instituciones que permitan cooperar, las personas primero deben superar las dificultades de organizarse, alcanzar acuerdos y asegurar su cumplimiento. Esto requiere tiempo, información, recursos y garantías que no todos poseen. ¿Cómo exigir participación cuando organizarse implica riesgos, elevados costos o escasas posibilidades de influir en las decisiones? La pasividad puede también ser consecuencia de instituciones que dificultan la organización y limitan la capacidad de acción colectiva.
La agencia ciudadana no es asistir a consultas sobre decisiones ya tomadas. Es contar con autonomía, información y capacidad efectiva para disputar prioridades, reformar reglas y exigir cuentas. El derecho formal a participar puede coexistir con prácticas que impiden decidir. En ese caso, la participación se vuelve protocolo para la foto. Esos cambios deben venir de la política pública que debemos exigir a los políticos.
Ahora, Ostrom tampoco propone sustituir al Estado por asambleas. En California, asociaciones de usuarios, tribunales e instituciones públicas construyeron acuerdos para gestionar el agua y supervisar su cumplimiento. Ahí está la lógica policéntrica: distintos centros de decisión, con funciones propias, que se coordinan y se controlan mutuamente sin concentrar toda la autoridad. El Estado puede facilitar esa capacidad colectiva o bloquearla.
Pero tampoco podemos esperar que toda transformación venga desde arriba. Hay una responsabilidad ciudadana que no podemos delegar: organizarnos, construir vínculos y convertir el descontento en alternativas. Barrios, comunidades, universidades y colectivos pueden generar propuestas, disputar prioridades y sostener el control público entre elecciones. La agencia necesita condiciones institucionales, pero también ciudadanos dispuestos a construir colectivamente una democracia diferente.
Mejorar la democracia tiene algunas implicaciones: acuerdos mínimos para limitar el poder y tener política a largo plazo; asociación cívica para reconstruir vínculos y reconfigurar nuestra relación con el pode; y condiciones institucionales que permitan transformar las reglas que distribuyen autoridad. La democracia no se agota en elegir a quienes deciden. También se juega en quién puede discutir, controlar y cambiar las condiciones bajo las cuales se decide.