Estefanía Maldonado Ramón

Un litigio colonial conservado en el Archivo Histórico Nacional permite examinar cómo los Caciques paltas cuestionaron las restricciones a la producción de derivados de la caña, y qué preguntas suscita hoy sobre poder económico y acceso a la justicia.

Una disputa en los Andes Bajos

En la década de 1770, caciques de Catacocha, Cangonamá, Chinchanga y Cariamanga acudieron a las autoridades de la Real Audiencia de Quito por una controversia en torno al estanco de aguardientes. El expediente, compuesto por 29 imágenes, conserva actuaciones de 1775 y 1776 y abre una ventana poco habitual a la vida económica y jurídica de los pueblos del sur de nuestra provincia.

Este conflicto ocurrió en el marco de las reformas borbónicas y el ciclo de revueltas indígenas del siglo XVIII. Las Reformas Borbónicas fueron impulsadas por la monarquía española durante el siglo XVIII para fortalecer la administración colonial, aumentar la recaudación de impuestos y ejercer un mayor control sobre determinadas actividades económicas. Los estancos fueron uno de los mecanismos utilizados para alcanzar estos objetivos, pues permitían a la Corona reservarse o conceder a particulares el control de la producción y comercialización de ciertos productos. Las sublevaciones andinas del siglo XVIII, la mayoría anti fiscales, masivas y violentas sacudieron a todos los países andinos

La primera petición, presentada ante el protector general de naturales, identifica a varios representantes indígenas y expone una queja contra el arrendatario del ramo de aguardiente. El motivo no era simplemente una oposición a la fiscalidad de la Corona: los Caciques paltas sostenían que el asentista interfería con el aprovechamiento de caldos de caña destinados a la elaboración de guarapo. Esta diferencia resulta esencial para comprender la materia del litigio.

¿Qué estaba en disputa?

En los primeros folios, la argumentación diferencia los “caldos de la caña fermentados sin arte” del aguardiente. Los Caciques Paltas, trataban de establecer que no debía aplicarse indistintamente una prohibición a productos que consideraban distintos. El escrito cita además argumentos jurídicos para sustentar una interpretación limitada de la medida, lo que muestra que la controversia se discutía en términos de legalidad y de los límites de las facultades del asentista.

Entre chichas y guarapo

Para comprender esta disputa también hay que mirar las costumbres de consumo. En distintas sociedades indígenas, las chichas elaboradas con maíz, yuca o agave formaban parte de fiestas y rituales. Eran bebidas fermentadas que podían acompañar celebraciones prolongadas. El aguardiente de caña, obtenido por destilación y de mayor graduación alcohólica, respondía a otra forma de elaboración y consumo.

La incorporación del aguardiente a esas prácticas no fue necesariamente inmediata. Ramón (1987) señala, para el caso de las haciendas jesuitas del valle del Chota, estrategias de mezcla de aguardiente con chicha y de venta eran impuesta a poblaciones indígenas. Este antecedente permite plantear que las bebidas también eran un terreno de encuentro y tensión entre las costumbres indígenas y los intereses económicos coloniales.

En los Andes Bajos (Loja), la preferencia por el guarapo y las aloxas fermentadas, más cercanas a las chichas tradicionales, ofrece otra clave de lectura del litigio. Si estas bebidas mantenían su lugar en el consumo local, prohibir su expendio no solo restringía una actividad productiva: también podía favorecer los intereses de quienes controlaban los estancos. Esta posible motivación económica no aparece formulada abiertamente en el expediente y debe entenderse como una interpretación histórica por contrastar.

Las sutilezas de la ley

En este litigio encontramos una forma interesante de resistencia, distinta a las grandes rebeliones de la época; en lugar de enfrentar abiertamente a la Corona, los caciques fuertemente debilitados por el descenso demográfico y el agresivo poder de la Iglesia y de los terrateniente, recurrieron a una distinción jurídica: sostenían que el producto elaborado no era aguardiente, sino una bebida de consumo y refresco que no debía quedar comprendida dentro del monopolio. De esta manera, buscaron defender sus actividades económicas utilizando los propios argumentos y procedimientos legales del sistema colonial.

La sutileza de esta estrategia consistía en cuestionar el alcance de la prohibición, sin necesidad de desconocer expresamente la autoridad de la Corona. No era una confrontación directa contra todo el régimen fiscal, sino una disputa por la manera en que debía aplicarse una norma.

Este juicio nos muestra que los caciques indígenas no necesariamente permanecían callados frente a las decisiones de las autoridades españolas. Por el contrario, conocían los mecanismos para presentar reclamos y acudían a la justicia cuando consideraban que sus intereses estaban siendo afectados. Incluso, en uno de los documentos, el cacique de Cariamanga pide que se cumpla lo que anteriormente se había dispuesto a favor de los pueblos que representaba.

Detrás de aquella reclamación también estaba en juego la economía de las comunidades indígenas. La producción y comercialización de derivados de la caña podían generar ingresos para sostener las actividades de sus pueblos y afrontar las obligaciones tributarias. Por ello, el litigio puede leerse como una forma de resistencia que buscaba preservar sus prácticas productivas frente a las restricciones coloniales.

La respuesta del poder colonial

Las políticas coloniales no se justificaban únicamente por sus fines fiscales; las autoridades también recurrían a un lenguaje de protección de los indígenas, apoyado en argumentos religiosos, morales y de salud. En esa visión paternalista, la Corona se presentaba como garante de su bienestar, al mismo tiempo que reclamaba obediencia y tributos. En la controversia sobre las bebidas fermentadas, la invocación de la salud podía servir para legitimar restricciones que también tenían consecuencias sobre el consumo y la economía local. Más allá del control de la economía, el poder colonial buscaba controlar los modos de vida y la misma ritualidad.

Este contraste permite formular una pregunta crítica: ¿la prohibición protegía realmente a los pueblos o también reforzaba el control sobre sus prácticas y sus ingresos?

Los Resistencia como estrategia

La estrategia de los caciques revela que la resistencia indígena no siempre se manifestó mediante rebeliones o enfrentamientos abiertos. También podía expresarse a través de peticiones, interpretaciones de las normas y reclamaciones ante las autoridades. En este caso, la distinción entre dos bebidas fue el argumento alrededor del cual se articuló la controversia.

Sin embargo, la autoridad colonial no compartió esta interpretación y consideró que el producto estaba comprendido dentro del monopolio del aguardiente. Así, el conflicto puso de manifiesto las tensiones entre las actividades productivas de los pueblos indígenas y las disposiciones económicas de la Corona.

Una reflexión desde el presente

Dos siglos y medio después, el juicio plantea interrogantes reconocibles: ¿hasta dónde puede llegar el poder de quienes controlan una actividad económica?, ¿qué ocurre cuando las decisiones de las autoridades o los privilegios concedidos a determinados particulares afectan a los productores locales?, ¿qué posibilidades tienen las comunidades para defender sus intereses, sus formas de vida, sus festividades y su ritualidad?

Aunque el estanco colonial no puede compararse directamente con los monopolios contemporáneos, ambos contextos permiten reflexionar sobre los límites del poder económico y sobre la necesidad de contar con mecanismos que permitan cuestionar sus decisiones y la intromisión en la cultura.

El caso de los Caciques paltas nos recuerda que las disputas económicas también son conflictos de poder. Más allá de la producción de una bebida, estaba en discusión quién podía establecer los límites de una actividad económica y qué posibilidades tenían las comunidades para defender sus intereses, su cultura y su modo de vida frente a las decisiones de las autoridades. Una cuestión que, aunque en circunstancias muy distintas, continúa presente en nuestras sociedades

La discusión tiene además una resonancia en el presente. Ciertas lecturas hispanistas siguen describiendo la colonización, ante todo, como una empresa civilizadora y protectora. El expediente invita a mirar críticamente ese relato: las apelaciones al bienestar de los indígenas coexistían con relaciones desiguales de poder y con medidas que podían limitar su autonomía económica. Esto no significa equiparar todos los discursos actuales ni desconocer las diferencias históricas, sino contrastar las promesas de protección con sus efectos sobre las poblaciones gobernadas.

La memoria de los pueblos paltas

Este juicio no es solamente una curiosidad sobre la producción de diferentes bebidas. Permite situar a Catacocha, Cangonamá, Chinchanga y Cariamanga dentro de las controversias que dieron forma a la economía y a la justicia coloniales.

También nos permite reconocer que las comunidades indígenas desarrollaron distintas estrategias para preservar sus actividades económicas y enfrentar las restricciones de la administración colonial. Su participación en los litigios constituye una expresión de su capacidad para negociar, cuestionar y disputar decisiones dentro de un sistema profundamente desigual.

La historia de los Andes Bajos también se escribió en solicitudes, argumentos y expedientes impulsados desde sus pueblos. Recuperarlos permite abrir una conversación contemporánea sobre las relaciones entre economía, autoridad y justicia sin borrar la singularidad de aquel pasado.