Un nuevo estudio de CAF evidencia que los países con mayores niveles de digitalización registran menores riesgos de corrupción, y propone soluciones para que los gobiernos incorporen tecnologías basadas en datos dentro de sus políticas de integridad. Adicionalmente, señala los retos institucionales en torno a la adopción de tecnologías digitales para combatir las estructuras criminales.