Ante la creciente ola de magnicidios desatada en el país, de 16 alcaldías existentes en la provincia de Loja, 4 alcaldes tienen custodia policial; otros habrían desistido del servicio o son protegidos por los agentes de control municipal. En algunos cantones, hay amenazas a la integridad de sus líderes.

Circunstancias

Varios alcaldes, especialmente de la Costa, han recibido amenazas o atentados, por lo que —para cumplir sus funciones sin inconvenientes— han optado por el resguardo policial; ante ello, la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) solicitó al Gobierno que evalúe el resguardo para los burgomaestres en las zonas con mayor índice de violencia.

Las causas más comunes de las amenazas contras alcaldes y alcaldesas son desacuerdos políticos, acciones contra la minería ilegal, el tráfico de terrenos o el propio narcotráfico, según la AME.

En el caso de la provincia de Loja, que por el momento es un lugar seguro, algunos alcaldes han desistido del servicio como el de Calvas, Quilanga, Sozoranga, Chaguarpamba, Paltas, Zapotillo, entre otros.

En el caso de Gonzanamá, se informó que el alcalde estuvo con resguardo, pero días después agradeció los servicios; sin embargo, la Policía Nacional está alerta en caso de necesitar la ayuda. Por su lado, el burgomaestre de Macará es acompañado por los policías municipales.

Seguridad

La alcaldesa de Catamayo y alcaldes de Pindal, Loja y Puyango poseen el respectivo resguardo policial; incluso, el de la cabecera provincial (Loja), Franco Quezada Montesinos, lleva colocado un chaleco antibalas.  

De igual manera, los agentes de investigación de la Policía realizan las indagaciones de las amenazas extorsionadoras recibidas vía WhatsApp, en el celular del alcalde del cantón Puyango, Ignacio Vivar Jara.

En este caso, el antisocial se habría identificado como el autor de una muerte violenta ocurrida en ese cantón, días atrás. La situación se complica, porque las acciones no solo van contra el burgomaestre, también ponen bajo amenaza a su familia, en caso de no cumplir con los pedidos del sospechoso.

Para el jurista penal, Cristian Chuquimarca, las autoridades cantonales, especialmente los que están ubicados cerca de la frontera con el Perú o la Costa, debería contar con ese servicio, debido a que las mafias cada vez están cerca de estos lugares por ser tranquilos y de fácil desplazamiento para las actividades ilícitas, entre estas el contrabando, minería ilegal, paso de droga y más acciones fuera de la ley. (I)