Militares del Frente Nacional de Pensionistas realizaron un plantón en el parque central, frente a la Gobernación de Loja, con el propósito de levantar su voz en contra de la vulneración de varios de sus derechos. Entregaron una carta al representante del Ejecutivo, sobre las necesidades que poseen.

Circunstancias

Varios uniformados en servicio pasivo llegaron hasta el “corazón” de la urbe, a expresar su descontento con las medidas que está tomando el Instituto Ecuatoriano de Seguridad de las Fuerzas Armadas (Issfa) y que vulneran el derecho de los pensionistas, montepío y derechohabientes.

El sargento primero Nery Tandazo Gallegos, director provincial del Frente Nacional de Pensionistas Loja, señaló que todo el tiempo que fueron activos realizaron aportaciones y ahora están transgrediendo los beneficios: créditos para salud, educación, medicinas, alimentos, aparatosos, les son negados desde hace 6 meses. “Aducen, las autoridades del Issfa, que se ha tomado ese dinero para pagar los sueldos, porque el Estado no salda la deuda que asciende a USD 437 millones”, dijo.

En Loja, alrededor de 2.600 pensionistas con montepío y derechohabientes están afectados por la no reactivación de los créditos, más aún porque las pensiones son paupérrimas.

De igual manera, rechazan una ley donde aspiran, a los de montepío, “recortar” los derechos, es decir, si recibe USD 600 desean hacerle quedar USD 200, con ello, solo entregarían USD 400 al beneficiario.

También refutan la disposición del jefe de Estado Mayor de la Fuerza Terrestre, referente a la prohibición de que militares en servicio activo acudan a la comisión de los derechos del trabajador y seguridad social, a que presenten sus observaciones con respecto al proyecto de Ley Orgánica del Régimen Especial de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas.

“Existen varios artículos que vulneran derechos de militares activos y pasivos: aumento a 25 años el tiempo de servicio, incremento del 23% al 26% de aportes de los activos, descuento del 1% a las pensiones, entre otros”, afirmó. Adicionalmente, exhortan a derogar la ley que prohíbe a los uniformados en servicio pasivo, una vez que se incorporan a trabajar, aportar el 40% de retención.

De igual manera, que el Ministerio de Defensa revoque la prohibición de que los militares activos pueda solicitar la baja obligatoria.  

Todos los pedidos están en la carta que la entregaron a Paúl Aguilar Sotomayor, gobernador de Loja, con el propósito de que llegue a manos del presidente de la República, Daniel Noboa Azin; “no tememos a sufrir persecuciones o sanciones que intenten callar los derechos ganados, tras prestar nuestros servicios”, finalizó. (I)