
Pese a la llovizna que cayó en la ciudad de Zamora, la Unidad Minera Provincial, con la representación de diferentes sectores de este gremio, marcharon hasta los exteriores de la Gobernación, solicitando varios puntos, la más importante la regularización.
Actividad
La marcha, que se concentró en el parque Central, contó con la participación de representantes —vestidos de blanco y amarillo— del distrito minero Chinapintza, Nambija, minería aluvial de Yacuambi, Nangaritza, Zamora, Yantzaza, así como los asambleístas Andrea Rivadeneira y Héctor Valladares.
Paul Pineda Cordero, presidente Distrito Minero de Chinapintza, señaló que esta actividad pacífica plasmó la inconformidad del pueblo minero sobre las acciones que han tomado los gobiernos de turno, el olvido hacia la provincia, y la mirada —solamente— para llevarse los minerales.
“En Zamora Chinchipe existen mineros censados desde el 2010, lastimosamente, han pasado más de 12 años y no han terminado de legalizarlos, por ello la necesidad de esta acción, porque ayudará a eliminar la informalidad y establecer normas claras que permitan la coexistencia de la minería con el entorno natural”, refirió; además, evitaría que las actividades mineras operen al margen de la ley y bajo la permisividad de funcionarios corruptos.
Penas
Otro de los puntos con el que están en desacuerdo es el incremento desproporcionado de las penas. “El presidente de la República, Daniel Noboa, envió a la Asamblea Nacional un proyecto para la Reforma del Código Orgánico Integral Penal, donde pretenden sancionar a la población que se dedica a la minería, por ejemplo, la exploración que será penada con 16 a 30 años de cárcel”, destacó.
Esto, a su decir, tiene un solo fin, eliminar la pequeña minería y minería artesanal en el Ecuador, “pero no se dan cuenta que esta actividad, a la que está dedicado más del 70% de ciudadanos zamoranos, mueve la economía”.
De igual manera, que hagan la fiscalización y auditoria del catastro minero, debido a que ciertas personas estarían habilitándolo cuando ellos deseen y dan las concesiones a ciertos grupos. Y, lo más preocupante, “a alrededor de 800 títulos de tierras de ciudadanos de Zamora Chinchipe, están aplicándoles la reversión, con el único pretexto de que las escrituras están dentro de concesiones mineras”, afirmó.
Legalización
Por su parte, Juan Carlos Tapia, presidente de la Unidad Minera Provincial de Zamora Chinchipe, afirmó que la provincia de Zamora Chinchipe es conocida por su riqueza minera, pero el impacto llega a todos los niveles de la zona de influencia y regiones aledañas.
“La pequeña minería y la minería artesanal generan trabajo y dinamizan el comercio local. En el caso de Loja, los distribuidores automotrices se benefician directamente de la demanda de maquinaria y repuestos. Así, de manera general la actividad genera más de 10 mil empleos directos y 20 mil indirectos”, acotó.
La mayoría o el 100% de los mineros locales están dispuestos a adoptar medidas de mitigación ambiental, pero necesitan un marco legal que les permita ejercer y que al final no vayan a ser sancionados por realizar esta actividad.
Documento
El gobernador de la provincia de Zamora Chinchipe, Francisco Mesías Hidalgo, recibió a nombre de los mineros, un documento en donde plasman todas las necesidades; que aspira llegue a manos del mandatario.
También, anunciaron que, de no recibir respuesta, tomarán medidas más radicales como paralizaciones. (I)
