Criterios divididos por aplicación de la Ley del Uso Legítimo de la Fuerza

Ciudadanía con criterios divididos ante uso de las armas de fuego contra los delincuentes.

A través del decreto 371, el presidente Daniel Noboa dispuso a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas la actualización y/o elaboración de los manuales operativos, dentro del ámbito de su competencia, para la aplicación de la Ley Orgánica que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza y su reglamento.

Sin embargo, existe preocupación y hay criterios divididos en la ciudadanía, porque el mandatario, a través de este decreto, recuerda a las entidades que brindan seguridad hacer uso de las armas en defensa propia y de las personas, es decir, en el momento que actualicen los manuales tendrían vía libre para abatir a delincuentes.

A decir de Norma Jara, “en ciertas circunstancias estoy de acuerdo con que los militares o policías hagan uso de sus armas de fuego, especialmente, con quienes asesinan a personas sin remordimiento”, ellos no tendrán ningún cambio cuando ingresen a las cárceles, saldrán y continuarán con la misma actividad.  

Asimismo, Emérita López está de acuerdo en que los uniformados puedan abatir a los delincuentes, “quienes están dañando a la sociedad, especialmente a la juventud. Ellos si es necesario asesinarán para quedar impunes y ya han muertos policías y militares en esta escalada de violencia que vive el Ecuador”, relató.

Julio Carpio, por su lado, fue enfático en referir que, a pesar de que era un grupo que frecuentemente violentaba los derechos humanos, “debería reactivarse, por un cierto tiempo, el denominado ‘Escuadrón de la muerte’, para que haga una limpieza de los sicarios, quienes acaban con la vida de personas sin ningún arrepentimiento, e incluso, para enviar un mensaje, desembran a sus víctimas, ellos están mal psicológicamente y no habrá ninguna rehabilitación al ser capturados y sentenciados”, acotó.  

En contraste, Víctor Severino afirmó que todos tienen derechos, estos ciudadanos (delincuentes) deben ser capturados y sentenciados a penas fuertes y más no eliminarlos, debido a que ellos, también, tienen familias.

Similar criterio posee Sara Rojas, quien destacó que son personas que la sociedad no les permitió crecer y buscaron una forma de subsistir, “estoy convencida de que, al igual que el resto, tienen los mismos derechos, solo que tomaron un camino diferente y deben pagar por sus culpas, mas no ser eliminados”, subrayó. (I)