La propuesta del presidente Daniel Noboa de reformar parcialmente la Constitución para retirar de los grupos de atención prioritaria a los privados de libertad, genera reacciones en la comunidad, juristas y familiares de reos. Señalan que el anuncio es más una política electorera y no de bienestar ciudadano.

Circunstancias

Actualmente, el artículo 35 de la Constitución señala que “las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado”; y es precisamente en esta lista donde el mandatario apunta eliminar a los convictos y que sean tratados como cualquier ciudadano.

Para el jurista lojano, Iván Roldán Rogel, en los actuales momentos, en los centros de privación de la libertad, existen medidas extremas, por ejemplo, existe la restricción para ingresar medicinas o alimentación, a quienes son considerados terroristas.

“El denominado Plan Fénix y directivos del SNAI, ponen en evidencia que ya no existen garantías de carácter internacional, como los Derechos Humanos, convenio de Santa Fe, entre otros, para estas personas, al igual que el resto; es decir, ya no son considerados dentro de los grupos vulnerables”, dijo.

Asimismo, Lourdes Reyes, abogada penalista, acotó que la propuesta de modificar la Constitución en el ámbito de las personas privadas de la libertad, no tiene cabida, debido que, en la actualidad, a la mayoría de los detenidos los consideran terroristas e inmediatamente pierden cualquier condición, tratándolos como a cualquier persona.  

“Es necesario que las normativas sigan iguales, porque en las cárceles existen adultos mayores que necesitan ser considerados prioritario o vulnerables, caso contrario llevaría a crecer el número personas enfermas, incluso de muertes”, acotó.

A su vez, Paula S. R, familiar de un recluso, señaló que las políticas que busca el mandatario no tienen “ni pies o cabeza”, puesto que “están vulnerando los derechos de nuestros parientes; es verdad, cometieron errores, pero deben darles garantías para cumplir su condena, de otro modo, sus vidas estarán en mayor riesgo”. (I)