
La Defensoría Pública es un órgano autónomo de la Función Judicial que tiene la misión de garantizar el acceso a la justicia para personas en situación de vulnerabilidad o indefensión, asegurando juicios justos y respetando los derechos humanos. Sin embargo, a nivel nacional se registra un marcado déficit de defensores, y en la provincia de Loja hacen falta al menos 10 profesionales para cubrir la demanda.
Esta institución fue creada para cumplir con los mandatos constitucionales y los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos. Su labor es fundamental para garantizar el derecho a la defensa jurídica, ya sea por disposición judicial o a petición de las personas. En diálogo con Diario Crónica, Herman Edi Espinosa Ordóñez, director provincial de la Defensoría en Loja, explicó que, a pesar del déficit, han logrado cubrir los 16 cantones de la provincia.
Atenciones
En la provincia, debido a la falta de personal, hay defensores públicos que deben cubrir más de un cantón, lo que representa un desafío significativo. Por ejemplo, el defensor asignado a Celica también cubre Puyango y Pindal; en Catamayo, el defensor atiende exclusivamente ese cantón. El representante de Calvas extiende su cobertura a Quilanga, Gonzanamá y Espíndola, mientras que el de Macará atiende además a Sozoranga y Zapotillo. Asimismo, el defensor de Paltas está a cargo de la jurisdicción de Olmedo, mientras que Saraguro cuenta con un defensor dedicado exclusivamente a ese cantón. Finalmente, en Loja, los defensores se concentran en atender las solicitudes de este cantón, donde el requerimiento es particularmente alta en los ámbitos penal y familiar.
En lo que va del año, de enero a noviembre, han atendido aproximadamente 6.700 casos en la provincia, siendo Loja y Catamayo los cantones con mayor demanda.
Los casos más recurrentes son del ámbito penal en delitos como violación, acoso sexual, y estafas masivas realizadas mediante redes sociales, además de conflictos laborales, violencia intrafamiliar y garantías jurisdiccionales.
Acciones
El pasado 22 de octubre, la Defensoría Pública inauguró el programa “Ruta de los Derechos”, que tuvo como objetivo recorrer los cantones de la provincia para informar sobre los servicios ofrecidos. Este programa concluyó el 02 de diciembre en Quito, con un evento presidido por el defensor público general, Ricardo Morales Vela, en el que, tras la clausura, mantuvieron reuniones para abordar el déficit de defensores públicos a nivel nacional.
Una de las propuestas planteadas fue que el Consejo de la Judicatura convoque, en 2025, a un concurso público que permita crear un nuevo banco de elegibles, a fin de designar defensores en las jurisdicciones con mayor carencia.
Espinosa Ordóñez destacó que, aunque la necesidad en Loja es de 10 defensores, incluso la asignación de 2 o 3 podría mejorar considerablemente la capacidad de atención y garantizar un servicio más eficiente. Este esfuerzo sería vital para que puedan seguir atendiendo las líneas de servicio que ofrece la Defensoría, como casos penales, de niñez y adolescencia, violencia intrafamiliar, y beneficios penitenciarios. (I)
Dato
Ecuador requiere cinco defensores públicos por cada 100.000 habitantes.
