El miércoles 04 de junio de 2025, se ejecutó la orden de embargo dictada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Tributario de Loja sobre tres vehículos institucionales de la dirección provincial del Consejo de la Judicatura de Loja. A decir del director, la medida afecta gravemente la operatividad de los servicios como notificaciones, citaciones, distribución de materiales e insumos y traslado de funcionarios.
Circunstancias
Esta medida se enmarca en el proceso judicial iniciado por tres exjueces (Rita Ximena Gallegos Rojas, Luis Felipe Samaniego Burneo y Francisco Javier Manzanillas Rogel) en contra del Pleno del Consejo de la Judicatura, las accionantes reclaman el pago de una reparación económica, ordenada tras la declaratoria de ilegalidad de su destitución por parte de la Corte Nacional de Justicia en 2021.
Pablo Piedra Vivar, director provincial del Consejo de la Judicatura de Loja, afirmó a Diario Crónica que la entidad local no fue, ni ha sido parte procesal en el caso del que hoy se ha ejecutado la medida de embargo, los pagos le corresponden al Pleno; y, el mandamiento de ejecución está pendiente desde 2022.
“Es necesario destacar que es el segundo intento de embargo, sobre los bienes de la institución. En la primera ocasión, la entidad justificó el uso principal de los vehículos hoy embargados, es garantizar los servicios y logrando revertir la medida. Sin embargo, ahora pese a estos argumentos y existir en el proceso la constancia de un oficio del Ministerio de Finanzas en la que se indica falta de presupuesto para designar a las entidades estatales, el Tribunal procede con el embargo”, refirió.
Ante la situación, la entidad ha venido realizando trámites administrativos internos para gestionar el cumplimiento de la sentencia, se ha cursado más de 18 solicitudes formales en los últimos 18 meses solicitando la ampliación del techo presupuestario para dar cumplimiento de ésta y otras sentencias judiciales similares, pero hasta la fecha no se ha concretado nada.
Limitación laboral
El director provincial del Consejo de la Judicatura acotó que la medida aplicada por el Tribunal compromete gravemente la operatividad de los servicios: citaciones judiciales de los diferentes órganos jurisdiccionales locales y nacionales (deprecatorios), distribución de materiales e insumos a las unidades judiciales de la provincia y trasladado de funcionarios para el mantenimiento de bienes informáticos, entre otros.
La ciudadanía y especialmente los juristas están preocupados que esta acción genere retrasos en los procesos judiciales, es decir, se extienden en el tiempo, por ejemplo, un caso que debería durar alrededor de 6 meses pase a ser 12 a 18 meses.(I).