Este 2025 varios actos de corrupción que salieron a la luz pública muestran como este fenómeno ya no es aislado sino un sistema institucionalizado que ha socavado el Estado de derecho, la democracia y el desarrollo nacional. Juristas señalan que un mayor control ayudará a disminuir esta mala práctica en todos los niveles de Gobierno.

Circunstancias

El jurista Paulo Arrobo, en diálogo con Diario Crónica señaló que para combatir la corrupción en las entidades públicas es necesario dos partes: perspectiva del servidor pública y los operativos de control. “Desde el lado del servidor público es necesario que la formación ética este plasmada en el rol asignado a sus funciones mostrando honestidad y responsabilidad, permitiendo que pueda ser objeto de verificación o evaluación sin inconvenientes”.

La parte más compleja es el control, pues resultan ser insuficientes, debido a que algunos servidores evaden esa responsabilidad. También está un tercer elemento, el usuario, quien al momento de requerir un servicio busca —el favor, violentando la ley o pretende obtener resoluciones no ajustadas a derecho, entre otros— desencadenando un escenario de corrupción, fruto de ello, es un sistema judicial lleno de este delito o entidades públicas que vulneran el marco legal para menoscabar el fin de la institución.     

“Hay un esfuerzo con la Ley de Integridad Pública, pero la forma en la que es expedida la norma no se suscribe a los parámetros legales. Por ejemplo, cuando presenten un proyecto en Materia Económico Urgente para reformar una Ley de Servicio Público, entonces no es económico y urgente, por ello, tengo dudas lo que ocurriría con la vigencia de la normativa, en función de la decisión de la Corte Constitucional al atender a las más de 24 demandas presentadas en su contra. Si bien el espíritu es combatir la corrupción, topan otros elementos como contratos ocasionales, cambios o traslados administrativos…”, añadió.

Por otro lado, en cuanto a personas sentenciadas por corrupción sin devolver recursos hasta ahora o sus casos han prescritos, el abogado lojano acotó que hubo el proyecto Ley de Repetición y fue archivado, los partidos políticos que son quienes ingresan a su gente a las entidades bajo la dependencia de este partidismo, le resta objetividad y neutralidad al sector público. Además, cuando el Estado debe indemnizar o advierten erogaciones que no son parte del gasto público, afectando al patrimonio nacional, mientras no exista una norma o los organismos de control establezcan plazos para la devolución de los recursos seguirá pasando y el Estado seguirá asumiendo los errores, desaciertos, ilegalidades y arbitrariedades de sus servidores.   

En cuanto, al nepotismo entendido como el favoritismo en demérito de la meritocracia, la calidad del servicio público se verá afectada, le restan objetividad a la administración y perjudican a personas con legítimo derecho de participación y aspiraciones que pretenden ingresar al sector público y privilegian a los familiares que están al frente de las administraciones públicas. Allí deben actuar los organismos de control.       

Norma

El cambio, el abogado Fausto Moreno Sánchez señaló que la corrupción es un problema estructural, sustancial, independiente de expresas normas constitucionales y legales. “Nosotros hemos asistido al espectáculo del manejo —alegre— de los bienes públicos de funcionarios poco profesionales.

“En todos los gobiernos de turno incluido el actual han incurrido en este mal, quienes poco o nada hacen por recuperar los recursos extraídos del Estado debido a la falta de voluntad”, añadió.

Mientras que, aquellos que incurren en nepotismo deben ser sancionados, los delitos que va con el enriquecimiento injustificado deben ser necesariamente imprescriptible y con ello reduciría la corrupción. Entidades lojanas también están inmersas en esta problemática.(I).

En el gobierno de Lenin Moreno se eliminó la Secretaría Anticorrupción mediante el Decreto Ejecutivo 1065 en mayo de 2020. Posteriormente, en 2022, el gobierno de Guillermo Lasso creó la Secretaría de Política Pública Anticorrupción, que luego fue transformada en la Secretaría de Integridad Pública por el gobierno de Daniel Noboa.