Edwin Villavicencio

La próxima consulta popular y referéndum no solo medirá fuerzas políticas: decidirá si Ecuador reduce drásticamente su Asamblea. La propuesta en discusión plantea pasar de 151 a 73 asambleístas, con el argumento de abaratar costos, agilitar el debate y elevar la calidad normativa. Pero el número, por sí solo, no promete mejores leyes. Lo que está en juego es el diseño del sistema y la calidad de quienes lo integran. El 16 de noviembre, el país votará bajo ese dilema estructural.

Quienes apoyan la reducción sostienen que un Parlamento más pequeño es más gobernable y menos costoso. Es una promesa intuitiva, pero no automática: cámaras compactas tienden a concentrar el poder en pocos bloques y directivas fuertes, lo que puede acelerar agendas… o estrechar la deliberación. La pregunta de fondo es si el “ahorro” de escaños se compensa con un mejor proceso legislativo. La experiencia comparada sugiere que la eficacia no depende del tamaño, sino de reglas de producción normativa, profesionalización del servicio parlamentario, disciplina de bancadas y controles de calidad ex ante y ex post de las leyes.

El riesgo mayor es la subrepresentación territorial y social. Con menos curules, los umbrales efectivos de entrada suben y los distritos se vuelven más competitivos para marcas grandes; las minorías (pueblos indígenas, provincias poco pobladas, organizaciones emergentes) pueden quedar fuera o depender de coaliciones frágiles. Si no se corrigen la fórmula electoral, la delimitación distrital y los mecanismos de acción afirmativa, la reducción puede traducirse en un Parlamento más homogéneo, no necesariamente más competente.

¿Mejorará la calidad del debate? Solo si se ataca el problema real: la selección de candidaturas y la vida interna de los partidos. Sin escuelas de formación, filtros éticos exigentes, financiamiento transparente y democracia interna efectiva, la “poda” numérica apenas reduce el aforo, no el ruido. Un Congreso de 73 con los mismos incentivos de cortoplacismo, transfuguismo y clientelismo reproducirá los vicios de uno de 151. La reforma debería atarse a estándares mínimos: primarias verificables, hojas de vida auditables, incompatibilidades estrictas, sanciones por indisciplina y métricas públicas de productividad legislativa (asistencia, calidad técnica de proyectos, impacto regulatorio).

¿Y las leyes? Para mejorar su calidad se requieren reglas, no solo menos sillas: oficina técnica independiente de presupuesto y de impacto regulatorio; evaluación obligatoria antes y después de aprobar normas; ventanilla única de participación ciudadana y consulta pública digital; y un calendario legislativo que priorice agendas país (seguridad, justicia, crecimiento) con metas mensuales y votaciones registradas nominalmente. Sin ese andamiaje, el tamaño será una variable secundaria frente a la arquitectura del proceso.

La consulta ocurre además en un contexto de reformas más amplias (incluida la eventual Constituyente) que tensan la conversación pública. Si la papeleta vincula la reducción a un rediseño integral: distritos, fórmula de reparto, requisitos de elegibilidad, control de financiamiento y evaluación de desempeño, el “sí” podría traducirse en eficiencia y legitimidad. Si en cambio se ofrece como solución rápida a la baja reputación política, el resultado será un triunfo simbólico con pobres efectos prácticos.

Al votar, conviene poner el foco en tres llaves: i) representación (que ninguna provincia o minoría quede silenciada por el recorte), ii) profesionalización (carreras y estándares para legisladores y equipos técnicos) y iii) método (reglas de producción de leyes basadas en evidencia). Reducir asambleístas puede ordenar la sala, pero no crea estadistas. La democracia mejora cuando se eleva la calidad de la oferta política y se afinan los incentivos, no cuando se recuenta mobiliario.

El 16 de noviembre decidimos algo más que un número. Elegimos entre una poda que cambie el paisaje institucional o un gesto que apenas lo maquille. Si la reducción llega con reglas serias y partidos responsables, el Parlamento puede ganar en foco, transparencia y rigor. Si llega sola, será otra reforma de papel. La boleta no nos pide castigar o premiar a “la Asamblea”; nos invita a rediseñarla para que represente mejor, debata mejor y legisle mejor. Ahí está el verdadero impacto.