Angel Efraín Orellana Flores
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Ante la posible instalación de una nueva Asamblea Constituyente, una mera profesionalización del sector cultural no resulta del todo eficiente. Lo que se requiere de urgencia es una concienciación del sector sobre el poder de la cultura como derecho fundamental y como eje de desarrollo. No se trata solo de aprender a gestionar proyectos, sino de comprender que somos guardianes del patrimonio cultural del país, que configura nuestra identidad y que los derechos ganados a partir de sendos debates y ejercicios de reflexión nacional deben ser garantizados en la posible nueva carta magna.
En este sentido, es necesario recordar el camino recorrido en materia de política cultural en el Ecuador. Desde 1944, con la creación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión”, se sentaron las bases de una institucionalidad que durante décadas fue poco comprendida por el Estado. El 15 de enero de 2007, la creación del Ministerio de Cultura abrió un nuevo rumbo, generando mayor circulación y fomento de las artes. Ese mismo año, el 21 de diciembre, el Decreto de Emergencia del Patrimonio Cultural (N.º 816) destinó más de USD 33 millones al salvataje del patrimonio nacional. En 2008, la Constitución de Montecristi reconoció por primera vez los derechos culturales, y en 2009 se impulsó el primer concurso de becas para la profesionalización artística. En 2013, nacieron el Registro Único de Artistas y Gestores Culturales (RUAC) y la Universidad de las Artes del Ecuador, y finalmente, en 2016, la Ley Orgánica de Cultura consolidó la gestión del sector, manteniendo la autonomía de la Casa de la Cultura como símbolo del pensamiento plural y la unidad nacional.
En este escenario, se vuelve imperiosa la necesidad de que artistas, gestores, instituciones culturales, la academia y la ciudadanía en general nos convoquemos y articulemos un frente común. Una eventual Asamblea Constituyente representa una oportunidad y, al mismo tiempo, un desafío para posicionar nuevos marcos normativos que garanticen la continuidad de los derechos culturales. Si el sector no participa activamente en este debate, otros definirán su destino. Por ello, la organización y la conciencia colectiva resultan esenciales para proteger lo alcanzado y proyectar nuevos horizontes. En última instancia, defender los derechos culturales es defender el derecho a existir, a crear y a contribuir al desarrollo e identidad de la nación.