La tarde del martes 06 de enero de 2026, Wilfrido Torres Jumbo, presidente de la Asociación de Personas con Discapacidad Virgen de la Nube, acudió a la Secretaría General de la Municipalidad de Calvas junto a su abogado y el Notario Primero del cantón, para presentar formalmente una denuncia en la que solicita la remoción del alcalde Jorge Montero Rodríguez.
Circunstancias
El presidente de la Asociación expresó a Diario Crónica que, el burgomaestre incurrió en presuntos actos de violencia, vulneración de derechos y omisión en la asignación de recursos económicos, situaciones que afectarían de manera directa a las personas con discapacidad y a otros grupos de atención prioritaria del cantón.
“Por ejemplo, vulneraron mis derechos como persona y como representante de este sector social protegido por la normativa vigente. Incluso pese a formar parte del Consejo de Protección de Derechos, he sido excluido y discriminado, llegando hasta no permitirme intervenir en una sesión de Cabildo y recibir un trato inapropiado por parte del alcalde”, afirmó.
En la denuncia también se detalla que una oficina construida mediante convenios con organizaciones no gubernamentales habría sido desalojada de manera intempestiva, sin notificación previa. Según el denunciante, funcionarios municipales ordenaron el retiro de documentos, equipos, maquinaria y otros bienes, dejando a las organizaciones sin los recursos necesarios para continuar con su labor.
Asimismo, señaló a haber presentado oficios con el objetivo de entablar un diálogo y mediar en el conflicto, pero no ha existido la apertura por parte de la administración municipal.
Norma
Por su parte, el abogado Fredy Aguilera, quien lleva el proceso, recordó en Diario Crónica, que el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad) establece la obligación de destinar al menos el 10% del presupuesto a los grupos de atención prioritaria. No obstante, aseguró que, aunque dicho monto consta en el presupuesto general del GAD Calvas, los recursos no habrían sido transferidos en el 2024 y 2025.
Además, la Asociación de Discapacidad celebró con el Municipio un comodato de un bien y realizaron inversiones significativas para el funcionamiento de un emprendimiento, también para la elaboración de joyas artesanales. “Desafortunadamente, con la llegada de la actual administración habrían ordenado el desalojo del espacio, dejando el lugar totalmente vacío”.
Añadió que, al tratarse de un proceso de remoción contra el alcalde, el Cabildo deberá designar a los concejales que integrarán la Comisión de Mesa, dado que el burgomaestre y la vicealcaldesa están impedidos de participar. Durante el procedimiento, las partes involucradas deberán presentar las pruebas correspondientes conforme lo establece la normativa vigente.
El abogado acotó que un inicio, la secretaria general de la Municipalidad se habría negado a recibir la documentación, motivo por el cual fue necesaria la presencia de un notario para dar fe del procedimiento. “Hemos solicitado al vicealcalde que informe al Cabildo y a la Delegación Provincial Electoral sobre esta situación, con el fin de garantizar la continuidad y transparencia del proceso”, refirió.
Ningún pronunciamiento
En ese ámbito, hasta el cierre de la edición el alcalde Jorge Montero Rodríguez no emitió ningún pronunciamiento del caso.(I).
Es el segundo proceso que remoción contra un alcalde de la provincia de Loja, el primero fue en Loja.
El proceso duraría entre 4 a 6 meses.