Un análisis histórico y político expone debilidades institucionales, disputas de poder y urgentes reformas para recuperar credibilidad y transparencia en la administración de justicia, porque la ciudadanía hasta la fecha no tiene una positiva valoración.
Situación
El Consejo de la Judicatura en el Ecuador nació con la Constitución de 1998 porque requerían una entidad destinada a administrar la función judicial, es decir, encargada del presupuesto, talento humano y otros aspectos, cuya labor anteriormente cumplían los jueces de la Corte Suprema de Justicia.
Pablo Piedra Vivar, analista político y jurídico y exdirector provincial del Consejo de la Judicatura, en diálogo con Diario Crónica, explicó que, con la Constitución de 2008, la entidad presentó una integración particular y constituye el único poder del Estado conformado por representantes de otros poderes, es decir, la Función Legislativa y Ejecutiva cuentan con delegados dentro del organismo, aparentemente para garantizar mayor control y transparencia institucional.
Otro inconveniente radica en la elección de dignidades, responsabilidad del quinto poder, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).
Dentro de ese ámbito, la función del presidente Mario Godoy debería concentrarse en administrar el presupuesto, talento humano y todo el componente administrativo correspondiente.
Además, a partir del juicio político contra su persona, surgieron versiones sobre presuntas negociaciones de cargos, debido a que el presidente solicitó la renuncia a los 24 directores provinciales —atribución correspondiente al pleno— así como también a los directores nacionales, incluso notarios, con lo cual buscaría respaldo para evitar su censura.
Valoración
Por otro lado, la función judicial nunca alcanzó necesariamente, dentro del imaginario social, una valoración positiva, debido a que siempre es vinculada al control político, venganza, persecución y una fuente para acumular fortunas en determinados funcionarios judiciales. Por ejemplo, durante el gobierno de Lucio Gutiérrez ocurrió la destitución de jueces y la conformación de la denominada “pichicorte”, o cuando magistrados acudían a la hacienda de León Febres Cordero para recibir instrucciones. En definitiva, constituye una función que históricamente careció de demostraciones claras de independencia.
En así que, durante los últimos años, la crisis aumentó porque la situación social y económica del país arrastró a este poder, incluso la delincuencia intenta integrarlo para ejercer control, con el objetivo de garantizar impunidad para distintos actores. Un ejemplo evidente correspondió al expresidente Wilman Terán, cuyas investigaciones posteriores generaron escándalos sociales relacionados con los casos Metástasis y Purga, en los cuales figuraba involucrado.
Dignificación
El jurista añadió que la función pública requiere dignificación, y parte de ese objetivo implica reconocer cuando la permanencia en un cargo no garantiza independencia, transparencia u honestidad; por tal razón, el presidente del Consejo de la Judicatura debió apartarse temporalmente mientras avanzaban las investigaciones sobre las acusaciones en su contra, lamentablemente, muchas personas están en el cargo hasta las últimas consecuencias.
“El país necesita una reforma estructural del Consejo de la Judicatura y plantea que el primer paso debería consistir en una depuración interna de fiscales y jueces, para luego recuperar progresivamente la credibilidad institucional”, añadió.(I).