La asambleísta por la provincia de Loja, María Verónica Íñiguez, del movimiento Revolución Ciudadana, cuestionó varias decisiones del Ejecutivo y denunció presuntas irregularidades en distintos ámbitos del Estado, al tiempo que defendió su agenda legislativa enfocada en fiscalización, derechos humanos y protección de los territorios, especialmente los fronterizos y ambientales.
Gestión legislativa
En diálogo con Diario Crónica, Íñiguez señaló que la agenda legislativa es altamente demandante, pues no solo implica llevar las voces de los territorios que representan, sino también asumir debates y propuestas de alcance nacional, ya que la Asamblea es el espacio donde convergen las ideas legislativas para todo el país.
En ese contexto, manifestó que ha venido impulsando procesos de fiscalización en ejes como salud, vialidad, educación y ambiente, además de otras iniciativas de carácter nacional que las trabajan de manera articulada con sus colegas de la bancada de Revolución Ciudadana, a la cual pertenece.
Respecto a los proyectos de ley, indicó que han presentado una reforma a la normativa sobre violencia contra las mujeres, que busca agilizar los trámites de denuncia por maltrato. Esta propuesta plantea que las comisarías puedan reportar directamente los casos y emitir de forma inmediata las boletas de protección. Actualmente, dijo, están a la espera de que la iniciativa sea tratada dentro del legislativo.
Asimismo, informó que han impulsado una reforma para que los militares utilicen gafetes visibles con sus nombres, con el objetivo de garantizar la identificación de los uniformados y salvaguardar los derechos humanos. Explicó que esta propuesta cobra relevancia en su calidad de integrante de la Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos e Interculturalidad, y que ha sido una solicitud recurrente de la ciudadanía, especialmente tras las protestas sociales. Según afirmó, la falta de identificación ha derivado en situaciones donde han detectado la participación de uniformados, cuando —recalcó— el rol de la fuerza pública debe ser la protección de la ciudadanía, algo que, a su criterio, no se evidenció en las últimas manifestaciones.
Sobre el cierre de fronteras, la asambleísta calificó la medida como preocupante desde el momento de su anuncio. Aunque reconoció que la Gobernadora se reunió con representantes de algunos sectores, cuestionó que los asambleístas de la oposición no hayan sido incluidos en esos diálogos. En ese sentido, anunció que realizarán visitas a los cantones fronterizos para dialogar con la población y conocer de primera mano las pérdidas económicas registradas.
“Todo el tema de relaciones internacionales es de competencia exclusiva del Ejecutivo, así que hay que buscar otros mecanismos que permitan que el Gobierno entre en razón del daño que se está causando a los cantones fronterizos”, expresó.
En relación con el proyecto de Ley para el fortalecimiento de los sectores estratégicos de minería y energía, denunció que la noche del miércoles 11 de febrero fueron convocados por la Comisión de Desarrollo Económico para aprobar un informe que, según dijo, no ha contado con la pluralidad de debate que exige el proceso legislativo y la Corte Constitucional. Aseguró que no se realizaron mesas técnicas ni espacios de diálogo con colectivos y ciudadanía.
La legisladora afirmó que se oponen a este proyecto porque, a su criterio, va en contra de los intereses del país y beneficia únicamente a “pequeños grupos corporativos mineros”, lo que —dijo— representa un conflicto de intereses, considerando que el presidente de la República y su familia mantienen inversiones en el sector minero. Explicó que la propuesta busca flexibilizar los trámites para obtener licencias ambientales y, alertó que la ley contempla el ingreso de militares para resguardar zonas mineras, lo que podría derivar en represión durante protestas.
En otro ámbito, señaló que la fiscalización a la Universidad Nacional de Loja (UNL) ha sido parte de su agenda desde el inicio de su gestión, debido a denuncias recibidas y a informes de la Contraloría que habrían determinado responsabilidades que deben ser seguidas.
“En enero formalizamos el proceso de fiscalización y tenemos denuncias que en su mayoría se refieren a nombramientos y contratos dentro de talento humano, como alteraciones de fechas en la terminación de contratos de docentes, desvinculaciones arbitrarias poco después de la contratación, errores de cálculo en la bonificación por jubilación, además de presunto nepotismo, tráfico de influencias, discriminación y hostigamiento a estudiantes con discapacidad”, detalló. También mencionó alegaciones de violencia psicológica en la gestión administrativa, como el no pago de haberes, consultorías y servicios, problemas con aportes al IESS, glosas y observaciones en la gestión académica que limitarían el acceso de graduados a plazas del sector público.
En materia de vialidad, indicó que tienen levantados cinco procesos de fiscalización, con múltiples solicitudes dirigidas al Ministerio de Infraestructura y Transporte e (MIT), donde alertó sobre el estado real de la red vial. Señaló que, aunque la información oficial indicaba que todo se encontraba en buenas condiciones, la realidad evidenciada en territorio es distinta.
“Vemos de forma positiva la visita del ministro Luque y el anuncio de inversión en vialidad, pero una cosa es lo presupuestado y otra lo ejecutado. Esperamos que esto se convierta en una realidad y sea tomado en cuenta dentro de la agenda del Ejecutivo”, afirmó.
Finalmente, la asambleísta hizo un llamado a la ciudadanía para que, si conocen denuncias relacionadas con la transparencia de instituciones públicas, las presenten a través de redes sociales o de manera física, a fin de que puedan ser acogidas y tramitadas desde la labor de fiscalización en la Asamblea Nacional.