En el parque central de Loja, colectivos sociales, defensores del agua y organizaciones de mujeres se concentraron en un plantón convocado por el Frente Antiminero de Loja para expresar su rechazo al proyecto de Ley de Fortalecimiento Minero. La jornada concluyó con el ingreso de una delegación a la Gobernación de la provincia, donde entregaron un pliego con sus observaciones y argumentos en contra de la propuesta.
Plantón
Durante la movilización, Sisa Sinche, integrante de la colectiva ecofeminista comunitarias de Loja, explicó en diálogo con Diario Crónica que decidieron autoconvocarse tras el llamado del Frente Antiminero, frente al avance del proyecto enviado por el presidente Daniel Noboa Azin a la Asamblea Nacional en enero y que el 12 de febrero fue aprobado por la Comisión de Desarrollo Económico y Productivo.
“Nos autoconvocamos en este plantón porque rechazamos contundentemente este proyecto de ley; consideramos que sería firmar nuestra próxima sentencia de muerte”, afirmó.
La activista señaló que uno de los puntos que más preocupación genera es la eliminación de la licencia ambiental para reemplazarla por una autorización ambiental. A su criterio, esto facilitaría el ingreso de empresas mineras a los territorios, poniendo en riesgo fuentes de agua, ríos y ecosistemas, además de afectar la salud y soberanía alimentaria de las comunidades.
Otro aspecto que cuestionan es el rol que, según su interpretación, asumirían las Fuerzas Armadas en la protección de proyectos extractivos. Sinche manifestó que existe el temor de que esto derive en una mayor militarización de los territorios y en posibles vulneraciones a los derechos humanos de comunidades y nacionalidades indígenas que se opongan a la actividad minera.
En cuanto a la situación de Loja, indicó que alrededor de 160.000 hectáreas estarían concesionadas a empresas extranjeras, principalmente australianas, canadienses y chinas, interesadas en la explotación de oro, cobre y plata. Además, aseguró que, en el páramo de Fierro Urco, zona considerada estratégica por su riqueza hídrica, cerca de 27.000 hectáreas estarían concesionadas
“Esto es un atentado contra la soberanía alimentaria, contra los derechos de la naturaleza y de las comunidades y nacionalidades indígenas”, expresó.
La activista también mencionó el caso de la provincia de Zamora Chinchipe como ejemplo de los impactos que, según sostuvo, puede dejar la actividad minera. Aseveró que existirían 4 ríos contaminados con metales pesados, presencia de enfermedades crónicas y un proceso de deforestación que hasta 2021 habría alcanzado el 20% del territorio.
“No queremos repetir la historia. Tenemos que alzar la voz y oponernos a estas políticas extractivistas de despojo, violencia y muerte”, concluyó.
El plantón reunió a diversos sectores ciudadanos que insistieron en la necesidad de abrir un debate más amplio sobre el contenido y las implicaciones del proyecto de Ley de Fortalecimiento Minero para la provincia y el país.