A menos de un año de los comicios seccionales, analistas políticos alertan que menos del 20% de las autoridades de los GAD locales logran captar financiamiento externo. La reforma al Cootad impone límites al gasto municipal y obliga a buscar recursos más allá del presupuesto estatal.
Circunstancias
El 2026, es un año preelectoral y las organizaciones políticas activan procesos internos con miras a definir postulaciones para la prefectura, alcaldías, concejalías y vocalías de juntas parroquiales. La jornada democrática tendrá lugar el 14 febrero de 2027, cuando la ciudadanía acudirá a las urnas para renovar autoridades locales.
El debate no gira únicamente en torno a nombres o tendencias ideológicas. Analistas advierten que los territorios —provincias, cantones y parroquias— requieren liderazgos con verdadera capacidad de gestión, ante una limitada obtención de financiamiento alternativo durante los últimos ocho años.
En declaraciones a Diario Crónica, el analista político Robert Ailón Camacho sostuvo que la mayoría de administraciones locales depende casi exclusivamente de asignaciones del Gobierno Central y de tributos ciudadanos. “Todos esperan las alícuotas del Ejecutivo y los impuestos para ejecutar obras o cubrir salarios. Pocos buscan apoyo en ONG’s o en gobiernos extranjeros. Recursos existen, pero hace falta iniciativa para obtenerlos”, enfatizó.
Desde el ámbito económico y jurídico, Yulissa Cango, economista, abogada y analista política, expuso que menos del 20% de los gobiernos autónomos descentralizados gestiona fondos externos. La mayoría prioriza créditos con entidades estatales y deja en segundo plano a organismos internacionales u organizaciones no gubernamentales, varias con representación en el país.
“El contexto adquiere mayor relevancia tras la publicación en el Registro Oficial, el lunes 23 de febrero de 2026, de la Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización para la Sostenibilidad y Eficiencia del Gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (Cootad). La normativa establece límites al gasto en municipios y plantea un nuevo desafío para autoridades seccionales”, afirmó.
“Además, la reforma impone un cambio de enfoque: menos dependencia del erario nacional y mayor protagonismo en la búsqueda de cooperación internacional, alianzas estratégicas y financiamiento externo”, refirió.(I).