A la falta de fuentes de trabajo o simplemente obtener recursos extras, en la ciudad de Loja, un gran porcentaje de propietarios coloca sus bienes para arriendo, lo cual a llevado en varios casos a tener inconvenientes con la ley. Instan a utilizar contratos de arrendamiento y solicitar documento de antecedentes penales.

Porcentaje

Un 20% a 30% de las familias lojanas no cuentan con una vivienda propia, según datos del Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT), ante ello, optan por alquilar un bien inmueble, la mayoría desea en las periferias de la urbe por su costo -no sobrepasan los USD 60 a USD 80-; sin embargo, en este grupo también existen personas de dudosa procedencia que arriendan para actividades ilícitas.

Según informó la Municipalidad, en Loja, más del 30% de todos los bienes están en un proceso de arriendo; la mayoría de los propietarios han comprado o construido viviendas para este fin.

En ese contexto, el director ejecutivo del Consejo Cantonal de Seguridad Ciudadana de Loja (CCSC-L), Francisco Mesías Hidalgo, informó a Diario Crónica que tras los últimos acontecimientos suscitados en la urbe local están atentos a la evolución de esta problemática.

“Nosotros desde tiempo atrás hemos emitido recomendaciones para fortalecer controles en procesos de arriendo. Los propietarios de viviendas deberían solicitar antecedentes penales y formalizar contratos de inquilinato con el objetivo de prevenir problemas futuros y garantizar mayor responsabilidad entre arrendadores y arrendatarios”, afirmó.

Además, cualquier movimiento inusual dar parte a las autoridades para las respectivas indagaciones, más en las zonas periféricas.

Por su parte, el abogado Daniel Vicente acotó a Crónica que el problema existente se debe a que los dueños, por ganarse unos “centavos”, alquilan a quien les solicita, no ven si son personas extranjeras, tienen antecedentes o los motivos del arriendo.

“En nuestra ciudad, hemos tenido situaciones con la justicia, donde los inquilinos dejan destruyendo los bienes y al final terminan en juicios. También los han utilizado para el acopio de droga u objetos o refugiarse tras un atentado”, refirió.  

Añadió que la situación actual es preocupante, especialmente en el ámbito de la seguridad, por ello, es necesario actuar amparados por la Ley de Inquilinato. “Cualquier arriendo debe estar sustentado ante las instancias competentes para evitar involucrarse en actos como lo suscitado en el sector de Zamora Huayco Alto donde abrían arrendado un bien para mantener secuestrado a una persona”, refirió.(I).

Es obligatorio inscribir el contrato de arrendamiento ante el municipio o el juzgado de inquilinato para que sea totalmente ejecutable.

Los arriendos de cuartos hasta viviendas van desde los USD 60 a USD 80 en zonas periféricas, actualmente con mayor demanda.