El aumento de demandas por deudas refleja el deterioro económico de miles de familias en el Ecuador y Loja no es la excepción con un 8%, a ello, se suma desempleo, crisis social y reducción sostenida de ingresos.

Circunstancias

El sobreendeudamiento golpea con fuerza a la población ecuatoriana y provoca un incremento sostenido de procesos judiciales que derivan en el remate de bienes o en acciones coactivas cuando interviene el Estado. La problemática adquirió mayor dimensión a partir de la pandemia, periodo durante el cual numerosos ciudadanos enfrentaron la imposibilidad de cumplir con obligaciones crediticias, tanto en el sistema público como privado, debido a la pérdida de empleo o a la reducción de ingresos familiares.

A este escenario adverso se sumaron los paros nacionales y los apagones, factores que profundizaron la inestabilidad económica y limitaron la recuperación de emprendimientos y fuentes laborales. La combinación de estos elementos generó un impacto directo en la capacidad de pago de los hogares.

El abogado penalista Joffre Rojas, en diálogo con Diario Crónica, explicó que provincias como Pichincha y Guayas concentran más del 60% de las demandas por deudas. Aunque Loja registra cifras menores, entre el 6% y el 8%, la situación evidencia dificultades estructurales relacionadas con la falta de empleo, el cierre de negocios y el deterioro de la calidad de vida. Según el jurista, la falta de pago no responde a desinterés, sino a la imposibilidad económica.

“En el país, cerca del 60% de los procesos judiciales corresponde por la vía ejecutiva. Este mecanismo permite iniciar demandas con medidas cautelares sobre bienes incluso antes de una notificación formal. Entre las acciones más comunes figura el embargo de vehículos, que puede concretarse en pocos días. En caso de no existir respuesta dentro de un plazo de 15 días, la sentencia queda firme, sin opción de apelación, lo que implica la pérdida del derecho a la defensa”, afirmó.

En Loja, múltiples casos han derivado en la pérdida de viviendas, terrenos y automotores, con mayor incidencia en estos últimos. La tendencia refleja una realidad compleja que afecta directamente al patrimonio de las familias y pone en evidencia la urgencia de soluciones estructurales frente al endeudamiento creciente.(I).