En la Corte Provincial de Justicia de Loja se llevó a efecto la audiencia de apelación de la acción de protección y que en primera instancia el fallo fue a favor de los colectivos de Espíndola. Estiman que en 15 días habría una respuesta de la diligencia judicial.
Situación
Hace meses atrás se presentó una acción de protección en el cantón Espíndola en donde los afectados alegaron que existían vulneraciones a los derechos constitucionales del buen vivir, salud, acceso al agua limpia y a la naturaleza por parte de la empresa minera Osos Negros Company, concesión Correa-Jirón
Pablo Torres, abogado del colectivo Juntos por el Agua de Espíndola, expresó a Diario Crónica que en este caso el Ministerio Ambiente y Energía -la parte demandada- argumentó que la empresa minera con 1.175 hectáreas su labor es de bajo impacto, “aunque obviamente no califica porque su misma extensión supera más de las 300 hectáreas, asimismo está destinada para la extracción de oro”. Además, refutó que la empresa necesita solo registro ambiental y no licencia ambiental. “Esto quiere decir que el registro ambiental tiene que ser sometido a un proceso administrativo, pero omitiendo la consulta previa, libre e informada y la consulta ambiental que le corresponde a los pueblos cuando se trata de proyectos extractivistas que afectarán al medio ambiente”, añadió.
El 15 de diciembre de 2025, el Juzgado de Espíndola ordenó frenar las actividades mineras en el cantón Espíndola y Quilanga (provincia de Loja) y dejó sin efecto el registro ambiental, al representar una amenaza al Parque Nacional Yacuri y los páramos de la Reserva de Biósfera Podocarpus–El Cóndor, pues la concesión está en la zona de amortiguamiento.
Audiencia
Sin embargo, el Ministerio del Ambiente y Energía y la Procuraduría General del Estado apelaron esta sentencia y solicitan dejar sin efecto el fallo y declare improcedente la acción de protección. “El miércoles 15 de abril de 2026, se desarrolló la audiencia ante la Corte Provincial de Loja y dimos a conocer los argumentos de las afectaciones que podría acarrear la explotación. Estamos a la espera que el tribunal ratifique la sentencia que se dio en primera instancia y así podamos defender y garantizar los derechos constitucionales de todos los espindolenses, porque el hecho de materializarse una concesión minera en parte alta del cantón Espíndola estaría atentando contra la vida misma de todo el cantón”, afirmó.
El abogado añadió que la sentencia le hará llegar al casillero electrónico y aspiran en unos 15 días.
Por su parte, Esmeralda Vicente Salinas, representante del Colectivo Juntos por el Agua de Espíndola, expresó a Crónica que la empresa ha comprado la mina dentro del Parque Nacional Yacuri, principalmente en las zonas de páramo, sitios de recarga hídrica. “Tenemos que denunciar que esta actividad está en el centro del corredor ecológico transfronterizo Podocarpus-Yacuri-Tabacones-Nambay e interrumpen el paso de las especies que circulan desde el Podocarpus a Yacuri y de Yacuri hasta el Perú”.
A ello, se suma que “la lucha por el agua nos ha llevado a ser perseguidos, hostigados, incluso nos han enviado drones, gente a las viviendas para que tomen coordenadas, en fin, tratan de intimidarnos”, puntualizó.
Añadió que uno de los afluentes en este momento con mayor afectación el río Chiriyacu que luego desemboca en el afluente Pindo, uno de los ríos más grandes que tiene la región en la parte sur oriental de la provincia de Loja.(I).
Las microcuencas de las quebradas El Palmo, El Limo y Chiriyacu serían afectadas por la minería en Espíndola.
El agua abastece a cantones de Calvas, Quilanga, Catamayo y Espíndola.
