La decisión de la Contraloría General del Estado (CGE) de modificar el acceso a las declaraciones patrimoniales juradas de los funcionarios públicos, restringiendo la información, genera una fuerte polémica en la ciudadanía, quienes señalan que la seguridad de las personas es importante, pero hay preocupación que permita camuflar a malos trabajadores.

Circunstancias

Desde el 20 de abril, la página de la Contraloría no permite acceder a las declaraciones patrimoniales de manera libre y abierta. La entidad, con una reforma al reglamento que rige la materia, estableció un candado que exige que el ciudadano solicitante se identifique previamente con su número de cédula, fecha de emisión, correo electrónico y aceptar el tratamiento de sus datos personales. Además, el sistema enviará un código de verificación al usuario, y cada consulta quedará registrada con nombre, hora y un código de seguimiento.

El abogado en libre ejercicio Luis Cuenca Medina, expresó a Diario Crónica que colocar esta medida de seguridad es para evitar que malos ciudadanos hagan uso de la información, sin embargo, también registrar a quienes desean exponer a los malos elementos como los periodistas e investigadores es coartar a la prensa.

Además, la transparencia pública podría verse afectada, especialmente porque la declaración patrimonial de funcionarios ha sido históricamente considerada una herramienta clave de control ciudadano sobre el poder. “Ahora todos podrán camuflarse en las normas y por más que su hoja de vida tenga puntos negros, nadie podrá conocer y quien lo haga dejará un rastro, que en un futuro puede ser sancionado o incluso intimidado”, acotó.

En cambio, la ciudadana Janet Berrú, manifestó su preocupación y cuestionó la forma del sistema para ocultar los datos de los funcionarios públicos. “Ellos son personas que sirven a la ciudadanía y por ende están al escrutinio público, además, permitía acceder a sus datos para conocer la calidad de trabajador y de ser el caso denunciar por un mal servicio, ahora nadie podrá hacerlo”.

Cree necesario la protección de información sensible que pueda afectar a su familia, pero también hacer público a malos elementos que afectan a las entidades gubernamentales.

El analista ciudadano, Hever Sánchez Martínez, expresó a Diario Crónica que cuando alguien omite o restringe información es que algo oculta, más aún las instituciones públicas por mandato constitucional, hay un principio de transparencia y cuando renuncian al mismo que es algo está pasando. 

Pronunciamiento

En ese ámbito, la Superintendencia de Protección de Datos Personales emitió un comunicado y señala que la medida permite mayor seguridad tanto del funcionario como el solicitante para que no sean mal utilizada la información. Reconoce el rol de la prensa y la sociedad civil sobre el control social, pero afirma que la protección de datos en un derecho que asiste a las personas y debe ser garantizando sin distinciones, incluso en contextos de escrutinio público.(I).

La Contraloría General del Estado dio marcha atrás en parte de los cambios implementados en su portal de consultas de declaraciones juramentadas de bienes de servidores públicos, eliminó la marca de agua y restituyó parte del desglose patrimonial, pero mantiene restricciones en el acceso a las declaraciones, por lo que la información sigue siendo limitado y esto preocupa a la sociedad civil.