El hallazgo recurrente de celulares, routers y otros dispositivos prohibidos dentro de los centros penitenciarios, incluido la de Loja, evidencia que las actividades delictivas continúan operando desde las cárceles. Frente a este escenario, el Gobierno impulsó una nueva medida para restringir comunicaciones ilegales, analistas instan a más controles, especialmente de los funcionarios.

Situación

El Reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social establece la implementación de sistemas de inhibición de señal que funcionarán de manera permanente (24/7) para bloquear cualquier enlace no autorizado. La norma también contempla el uso exclusivo de cabinas telefónicas en áreas comunes, bajo supervisión, con registro previo de hasta 10 números permitidos por persona privada de libertad, incluyendo sus abogados. Las llamadas podrán ser monitoreadas o grabadas por razones de seguridad.

Desde el ámbito jurídico, surgen cuestionamientos sobre la efectividad de estas disposiciones. La abogada penalista Rocío Jiménez, señaló a Diario Crónica que los resultados dependerán del control interno en los centros penitenciarios. A su criterio, la presencia de funcionarios que facilitan el ingreso de objetos prohibidos debilita cualquier estrategia, ante ello, considera una reevaluación integral del personal encargado de la custodia para garantizar transparencia y operatividad.

Recordó que en ciertos recintos ya existían equipos de inhibición, aunque sin resultados concretos. Citó el caso de la cárcel de Loja, donde el bloqueo funcionaba únicamente en zonas externas, lo que permitía a internos mantener contacto con el exterior.

En la misma línea, el abogad o y exdocente Josué Girón, añadió a Crónica que la instalación de inhibidores resultará insuficiente sin la colaboración de las operadoras de telecomunicaciones. Planteó la necesidad de limitar la cobertura en sectores penitenciarios, además de reforzar controles sobre personal uniformado y trabajadores de los centros. “El constante hallazgo de dispositivos ilegales resulta contradictoria frente a los protocolos vigentes”.

La situación en la cárcel de Loja refleja el deterioro del control interno. Reportes sobre extorsiones originadas desde el interior generan preocupación. “Es urgente medidas estrictas, como la restricción del suministro eléctrico a lo indispensable y la ejecución de operativos frecuentes para detectar conexiones clandestinas, sin concesión de privilegios”, afirmó.

Desde los familiares de los internos también emergen inquietudes. Ximena A. R., pariente de una persona privada de libertad por robo, manifestó que la eliminación de la señal móvil dificulta la comunicación, especialmente para quienes residen en provincias alejadas como Zamora Chinchipe. “Yo tengo contacto frecuente con mi familiar lo que me permite conocer situaciones de riesgo, incluyendo agresiones relacionadas con pagos ilegales dentro del recinto”.

Hasta el momento se desconoce desde cuando implementarían las nuevas medidas de seguridad.(I).