Hoy, 14 de mayo de 2026, la Asamblea Nacional del Ecuador del período 2025-2029 cumple su primer año en funciones. El Pleno, que constituye el máximo órgano de decisión, está integrado por 151 asambleístas y refleja una marcada polarización política entre el oficialismo, representado por Acción Democrática Nacional (ADN), y la Revolución Ciudadana (RC). A estos bloques se suman otras fuerzas como Pachakutik, Partido Social Cristiano, legisladores independientes y movimientos provinciales, configurando un escenario legislativo diverso, pero también fragmentado.

Provincia

En lo que respecta a la representación de la provincia de Loja, los comicios del 9 de febrero de 2025 definieron a cuatro legisladores principales. Por ADN fueron electos Jorge Luis Guevara Benavidez y Anelisse Jaramillo Rodríguez, mientras que por la RC resultaron elegidos María Verónica Íñiguez Gallardo y Juan Andrés González Alvear. Cada uno de ellos cuenta con asambleístas alternantes que respaldan su labor dentro del Parlamento.

Al analizar la producción legislativa durante este primer año, los datos del sistema de consulta evidencian un desempeño reducido por parte de los representantes lojanos.

En el caso de Jorge Guevara, el 26 de junio de 2025 presentó un proyecto de reforma al Código de la Niñez y Adolescencia para la protección de niños, niñas y adolescentes frente al tráfico ilícito de sustancias, el cual fue calificado por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) y asignado a la Comisión de Protección Integral; posteriormente, el 10 de diciembre de 2025 impulsó una reforma al Código Orgánico Integral Penal relacionada con la conducción en estado de embriaguez y la corresponsabilidad de acompañantes, que no fue calificada, por lo que no avanzó; finalmente, el 9 de abril de 2026 presentó el proyecto de Ley Orgánica de Gobernanza de Datos en Salud, que actualmente cuenta con un informe no vinculante y no ha sido asignado a comisión.

Por su parte, Anelisse Jaramillo presentó el 26 de septiembre de 2025 un proyecto de ley reformatorio a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, así como al Código Orgánico Integral Penal. Esta iniciativa fue calificada y remitida a la Comisión de Justicia y Estructura del Estado para su tratamiento.

En cuanto a la bancada de la Revolución Ciudadana, Verónica Íñiguez registró actividad legislativa en varios meses de 2025. El 10 de septiembre participó en un proyecto de reforma a la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, cuya calificación fue negada. Posteriormente, el 15 de octubre intervino en la propuesta de Ley Orgánica de Derechos Humanos, que tampoco fue calificada. Finalmente, el 19 de noviembre volvió a presentar una iniciativa de reforma relacionada con la violencia contra las mujeres, la cual se encuentra en trámite.

Finalmente, Juan Andrés González participó el 17 de julio de 2025 en un proyecto de ley para el desarrollo y promoción de la caficultura ecuatoriana. Sin embargo, esta propuesta no fue calificada, lo que impidió su avance dentro del proceso legislativo.

En términos generales, al cumplirse el primer año de funciones de la Asamblea Nacional, la producción normativa de los representantes de Loja muestra avances modestos, con varios proyectos presentados principalmente durante 2025 que no han superado la etapa inicial de calificación. Este panorama evidencia tanto dificultades en la consolidación de iniciativas como los desafíos políticos propios de un parlamento marcado por la fragmentación y la polarización.

A este balance se suman los criterios de analistas políticos, quienes coinciden en una evaluación crítica del desempeño legislativo.

En diálogo con Diario Crónica, Pablo Ruiz y Juan Carlos Sarzosa señalan que la Asamblea mantiene bajos niveles de aprobación ciudadana y una escasa generación de iniciativas, lo que refleja el descontento de la población con esta función del Estado.

Según Ruiz, recientes mediciones de clima social indican que ocho de cada diez ecuatorianos rechazan la función pública, incluyendo al Legislativo, lo que evidenciaría una percepción de incumplimiento en sus principales tareas de legislar y fiscalizar.

El analista también advirtió la ausencia de un plan legislativo claro que impulse reformas estructurales, así como una mayor exposición mediática desde la presidencia de la Asamblea, especialmente en redes sociales, en lugar de una agenda institucional definida. A su criterio, esta situación responde en parte a una cultura política heredada de antiguos congresos, donde se generó la idea de que los legisladores deben gestionar obras, pese a que esta no es una competencia establecida en la Constitución.

Por su parte, Sarzosa sostuvo que la Asamblea “le queda debiendo al pueblo ecuatoriano”, pese a que en este primer año aprobaron 24 leyes. Indicó que gran parte de estas normativas provienen del Ejecutivo, lo que evidencia que el Legislativo, en muchos casos, “termina acogiéndose a las propuestas del Gobierno” en lugar de generar iniciativas propias. A su criterio, esto refleja una débil capacidad de producción normativa desde la Asamblea. Además, cuestionó que varias de estas leyes hayan sido declaradas inconstitucionales o se encuentren bajo revisión de la Corte Constitucional, lo que debilita la imagen institucional del Parlamento.

A la par, advirtió que, pese a las múltiples necesidades, no han impulsado iniciativas contundentes, especialmente en temas prioritarios como la seguridad, donde —afirmó— aún no se evidencian reformas profundas ni propuestas efectivas para enfrentar la violencia que atraviesa el país.