El Consorcio de Transportistas Urbanos Ciudad de Loja con la paralización del servicio efectuado el martes 19 de mayo de 2026, exige actualización tarifaria urgente tras incremento del diésel, mientras el Municipio advierte sanciones por suspensión del servicio, incluso denunciar penalmente ante Fiscalía General del Estado. Hubo la entrega simbólica de las llaves de los buses.
Circunstancias
La paralización indefinida del transporte urbano en Loja abrió un nuevo conflicto entre el Consorcio de Transportistas Urbanos Ciudad de Loja y el Municipio local. Los dirigentes del gremio aseguran que el alza del combustible volvió insostenible la operación de las unidades, mientras la administración municipal cuestiona la legalidad de la medida y denuncia afectaciones directas a estudiantes, trabajadores y familias lojanas.
Conductores defendieron la suspensión del servicio bajo el argumento del “derecho a la resistencia”, contemplado en la Constitución. Según los transportistas, el Municipio retrasó durante meses el tratamiento de una ordenanza destinada a actualizar la tarifa del pasaje urbano frente al incremento del precio del diésel.
Edwin Patricio Chuncho Chamba, socio de la Compañía Urbasur y expresidente del Consorcio, expresó a Diario Crónica que la situación financiera del sector alcanzó un punto crítico. “Actualmente destinamos más de USD 60 diarios únicamente en combustible. Trabajar o no trabajar representa prácticamente el mismo resultado porque los ingresos ya no cubren los costos operativos”.
El dirigente recordó que el estudio técnico elaborado por el Municipio tomó como referencia un precio de USD 1,80 por galón de diésel durante 2024. Sin embargo, el combustible bordea actualmente los USD 3,10 y mantiene una tendencia al alza que podría llegar a los USD 4.80, panorama que, según el gremio, obliga a replantear la estructura tarifaria.
Por su parte, Iván Cabrera, accionista de la Compañía Urbasur, en Crónica criticó la decisión municipal de frenar la ordenanza luego de varios debates aprobatorios dentro del Cabildo, situación que vienen solicitando desde hace más de 12 años. “El conflicto reflejo falta de capacidad política para sostener acuerdos previamente discutidos”.
“Un bus genera aproximadamente USD 147 diarios. De ese monto, cerca de USD 75 corresponden al combustible y otros USD 30 al pago del conductor. Después vienen alimentación, llantas, aceite, mantenimiento y gastos administrativos. Al final apenas quedan USD 6 ”, detalló.
Añadió que numerosos propietarios hipotecaron bienes para adquirir unidades nuevas, implementar tecnología y cumplir las exigencias municipales relacionadas con modernización del servicio, recaudo electrónico y capacitación de conductores.
“Al final el alza de los 6 centavos no iba a resolver absolutamente nada porque el diésel está en alza cada día más según las bandas y no sabemos en definitiva cuánto va a quedar el precio real del combustible. Ante ello, una de las propuestas para volver a encender los motores es fijar una tarifa de 40 centavos general y 20 centavos medio pasaje, ya que resulta mejor tener el carro guardado en casa que trabajar”, manifestó.
Entrega de llaves
Durante la protesta, los transportistas realizaron un acto simbólico de entrega de llaves de las unidades a la alcaldesa, como señal de imposibilidad económica para continuar operando. Juan Pablo Chiriboga Collaguazo, presidente del Consorcio de Transportistas Urbanos Ciudad de Loja, insistió en Diario Crónica que durante la primera reunión la autoridad no hubo ninguna resolución pese a que le dieron a conocer la problemática que responde exclusivamente a factores financieros y no políticos.
“El desfase económico ya no permite sostener la operación. El análisis tarifario inició en 2024 y hasta 2026 todavía no existe una solución definitiva”, afirmó.
El presidente también señaló que el incremento inicialmente planteado de 6 centavos perdió vigencia frente al comportamiento internacional del precio del combustible.
Sanciones
Desde la Alcaldía, la alcaldesa Diana Guayanay Llanes rechazó la suspensión del servicio y calificó la medida como injustificada. “El Cabildo todavía debía analizar observaciones técnicas y jurídicas relacionadas con la ordenanza tarifaria, proceso programado para la sesión de Cabildo efectuada el jueves 21 de mayo de 2026.
“La ciudadanía no puede quedarse sin transporte por una decisión tomada antes de que exista una resolución oficial. Miles de estudiantes y familias resultaron perjudicados”, declaró.
Sostuvo que la administración mantuvo apertura al diálogo con el sector transportista y advirtió que la normativa contempla sanciones económicas, administrativas e incluso penales frente a la suspensión de un servicio público esencial.
La alcaldesa también negó la existencia de un veto definitivo a la ordenanza. Según indicó, únicamente existen observaciones técnicas y jurídicas presentadas por diferentes dependencias municipales, las cuales todavía deben analizar los concejales.
Mientras continúan las conversaciones entre ambas partes, la ciudad permanece pendiente de una solución que permita restablecer el servicio y evitar una mayor afectación a la movilidad urbana. El conflicto evidencia la compleja realidad financiera del transporte público frente al incremento sostenido del combustible y la presión social por mantener tarifas accesibles para la ciudadanía.
Afectación
La suspensión del servicio provocó que las clases presenciales sean suspendidas y se acojan a la virtualidad. Además, trabajadores de empresas públicas y privadas tuvieron que utilizar taxis o movilizarse en vehículos particulares.(I).
Cronología de una crisis
Año 2024: Inicia el análisis técnico municipal de la tarifa del transporte urbano basándose en un diésel a USD 1,80 el galón.
27 de abril de 2026: El Cabildo aprueba una ordenanza tarifaria que contemplaba un incremento de 6 centavos.
Después del 12 de mayo de 2026: El precio real del combustible bordea los USD 3,10 el galón de diésel. Transportistas rechazan los 6 centavos por quedar desfasados.
Viernes 15 de mayo de 2026: La alcaldesa Diana Guayanay Llanes emitió observaciones a la ordenanza aprobada y regresa al Cabildo.
Martes 19 de mayo de 2026: El Consorcio paraliza el servicio y entrega de forma simbólica las llaves en la Alcaldía.
Jueves 21 de mayo de 2026: Fecha programada por el Cabildo para analizar las observaciones jurídicas de la norma.