Observaciones al proyecto de reforma a la ordenanza 055-2026 coloca en duda el alza de pasaje urbano y abre un nuevo conflicto político y legal en el Cabildo lojano. Mientras tanto, el Municipio activó sanciones administrativas y penales contra el Consorcio de Transportistas Ciudad de Loja por paralización del servicio.

Circunstancias

La reforma a la ordenanza 055, que regula la operación del Sistema Intermodal del Transporte Urbano (Situ) en el cantón Loja, enfrenta una fuerte controversia jurídica tras las objeciones presentadas por la administración municipal al procedimiento desarrollado dentro del Cabildo.

Durante una extensa exposición, el procurador Síndico del Municipio de Loja, Daniel Sempértegui Coronel, explicó a Diario Crónica las inconsistencias detectadas en el tratamiento legislativo de la normativa, principalmente en torno a la incorporación de artículos que nunca recibieron aprobación durante el segundo debate.

“El proceso inició el 1 de septiembre de 2025, cuando el Concejo Cantonal conoció en primera instancia el proyecto de reforma a la ordenanza 055. Posteriormente, el documento pasó a la Comisión de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial integrada por los ediles Iván Ludeña Astudillo como presidente, así como John Espinosa Villacrés y Polibio Vélez Cabrerapara la elaboración de informes técnicos y jurídicos, cumpliendo con el procedimiento”, dijo.

El conflicto surgió durante el segundo debate, desarrollado el 22 de enero de 2026. En aquella sesión aparecieron dos informes: uno de mayoría suscrito por el edil Iván Ludeña Astudillo y Polibio Vélez Cabrera, enfocado en ajustes puntuales como el incremento del pasaje; y otro de minoría, que planteaba una ordenanza sustitutiva completa con 124 artículos, disposiciones generales y derogatorias a la ordenanza 055 propuesta del concejal John Espinoza Villacrés.

De acuerdo con la Procuraduría, el Cabildo respaldó políticamente el informe de mayoría mediante votación oficial: siete votos a favor frente a tres apoyos al informe de minoría y un voto en contra de las propuestas. Aquella resolución establecía la elaboración del texto final únicamente con observaciones menores planteadas por los concejales.

Sin embargo, en la tercera sesión efectuada el 27 de abril de 2026, la Comisión de Transporte entregó un informe que inicia desde la disposición general quinta, no incluye los articulados del informe de mayoría sino algunos provenientes del informe de minoría, pese a que aquel contenido no obtuvo respaldo durante el segundo debate. Además, venía acompañado con una ordenanza ya codificada, es decir, una norma con artículos de los informes de mayoría y minoría.

“Ante la situación emití un pronunciamiento observando todo este proceso y haciendo conocer que existen algunos vicios en el procedimiento parlamentario y que pueden generar inseguridad jurídica y les recomendé reconsiderar la votación, pero no dieron paso”, dijo.

En ese contexto, el documento remitido posteriormente a la Alcaldía por parte de la secretaria del Consejo Municipal, Guissella Domínguez, incluía una nueva ordenanza codificada bajo el número 087, situación que incrementó las dudas jurídicas dentro del proceso.

“En su debido momento la alcaldesa Diana Guayanay Llanes no recibió un proyecto de reforma de la ordenanza para ser sancionado, tal como lo dice el texto inicial, sino incorporaron una nueva ordenanza con la numeración 087 y ya con un texto codificado. El informe jurídico advierte posibles vicios de procedimiento, nulidades e inseguridad jurídica para la ciudadanía, lo cual llevó a que la primera autoridad objete el informe presentado”, añadió.

Otro de los puntos cuestionados corresponde a la omisión de artículos vinculados al incremento del pasaje urbano, particularmente los relacionados con la tarifa de 30 centavos, los cuales no constarían de manera adecuada dentro del informe final remitido al Ejecutivo cantonal.

Ante este escenario, el Cabildo deberá decidir -este jueves 21 de mayo de 2026- entre acoger las objeciones presentadas por la Alcaldía y archivar el proyecto, o ratificarse en el texto aprobado mediante una votación calificada de ocho votos.

Paralización

La controversia jurídica ocurre en medio de la paralización del servicio de transporte urbano, situación que provocó afectaciones en actividades laborales, educativas y comerciales de la ciudadanía lojana.

Frente a esta medida, la Municipalidad anunció acciones administrativas y penales contra el Consorcio de Transportistas Urbanos Ciudad de Loja, debido a la suspensión total del servicio sin previo acuerdo institucional.

“La alcaldesa mantiene una posición firme para restituir inmediatamente el transporte y garantizar el derecho de movilidad de la ciudadanía”, señaló el procurador.

El Municipio también confirmó la apertura de procedimientos sancionatorios amparados en las competencias establecidas por el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad) y la normativa de tránsito.

Mientras tanto, distintos sectores ciudadanos permanecen atentos a la resolución política que adopte el Cabildo, decisión que marcará el futuro del sistema tarifario y la estabilidad jurídica del transporte urbano en Loja.(I).

Cronología del conflicto en la Ordenanza 055

1 de septiembre de 2025: El Concejo Cantonal conoce en primer debate el proyecto de reforma a la Ordenanza 055.

22 de enero de 2026: Segundo debate. Se presentan dos informes; el pleno respalda políticamente el informe de mayoría (ajuste de tarifa) y rechazó el de minoría.

El 27 de abril de 2026: Hubo el tercer debate. La Comisión de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial incluye en el informe junto a una nueva normativa artículos rechazados del informe de minoría.

El viernes 15 de abril. La alcaldesa Diana Guayanay Llanes objeta el documento final por «inseguridad jurídica» y posibles nulidades.

Jueves 21 de mayo de 2026 (Hoy): El Concejo definirá si archiva el proyecto o se ratifica (necesita 8 votos).

Alcaldesa denunció en Fiscalía a transportistas

Tal y como lo anunció, la mañana del miércoles 20 de mayo de 2026, la alcaldesa del cantón Loja, Diana Carolina Guayanay Llanes, acompañada del procurador síndico Daniel Sempértegui Coronel, presentó la denuncia ante Fiscalía en contra del Consorcio de Transportistas Urbanos Ciudad de Loja por la paralización del servicio.

La autoridad reiteró su llamado a los transportistas para que retomen sus funciones de manera inmediata, con el fin de evitar mayores afectaciones a la ciudadanía. Además, insistió en la importancia del diálogo como mecanismo para alcanzar acuerdos y dar solución a este conflicto que afecta la movilidad en la ciudad.

Según la norma, la paralización de servicios públicos es un delito tipificado en el artículo 346 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). La sanción establecida es una pena privativa de libertad de uno a tres años.