La tarde de este jueves 04 de junio de 2026, un grupo de abogados en libre ejercicio y socios del Colegio de Abogados de Loja compareció ante la Unidad Judicial de lo Civil y Mercantil dentro del proceso No. 11333-2026-00415, relacionado con una presunta deuda que mantiene la institución con el ingeniero Jaime Javier Vallejo Figueroa.

Los juristas aclararon que no están presentando una demanda, sino contestando la acción judicial en calidad de terceros perjudicados y socios del gremio, con el objetivo de precautelar el patrimonio institucional.

La comparecencia fue suscrita por los abogados Rómulo Salazar Ochoa, Francisco Segarra Regalado, Vicente Cuenca Capa, Patricio Maldonado Castillo, Consuelo Lanche Agurto, José María Sánchez Castro, Pepe Junior Maurad Villacrés, Ángel Alvear Pesantes, Gustavo Costa, Olvin Carrillo, Paulo Arrobo y Sandra Jiménez.

Situación

En diálogo con Diario Crónica, el abogado Rómulo Salazar explicó que la preocupación surge debido a una acción judicial relacionada con una deuda derivada de contratos por obras ejecutadas en bienes del Colegio de Abogados. A criterio del jurista, el proceso podría poner en riesgo el patrimonio institucional si no se esclarecen varios aspectos administrativos y legales.

Por su parte, la abogada Consuelo Lanche señaló que los profesionales decidieron comparecer como terceros perjudicados para defender los bienes de la institución y exigir transparencia sobre el manejo de los recursos del gremio.

En el escrito presentado ante la judicatura, los comparecientes sostienen que existirían irregularidades relacionadas con el acta de mediación suscrita el 8 de octubre de 2025 en el Centro de Mediación del Consejo de la Judicatura de Loja.

Manifiestan que la vicepresidenta encargada de la Presidencia del Colegio habría participado en la mediación sin contar —aparentemente— con la autorización formal del Directorio ni con la certificación correspondiente emitida por la Secretaría de la institución, requisitos que consideran necesarios conforme al estatuto del gremio y normas del Código Civil.

Además, cuestionan la legalidad de cinco contratos relacionados con obras ejecutadas en bienes del Colegio de Abogados, argumentando que no existirían documentos que acrediten la autorización previa del Directorio para dichas contrataciones ni detalles claros sobre financiamiento, fechas y ejecución.

De acuerdo con el documento judicial, en la mediación se habría reconocido una contratación total de USD 213.400, de los cuales se habrían cancelado USD 157.094,39, quedando un saldo pendiente de USD 56.306,53. Sin embargo, con intereses y pagos diferidos hasta el año 2031, la obligación ascendería a USD 83.333,69.

Los abogados también cuestionan el manejo administrativo y financiero del gremio. En el escrito mencionan la venta de un inmueble ubicado en el sector Jipiro por aproximadamente USD 1,1 millones y la posterior adquisición de un predio en Punzara. Añaden que los socios no habrían recibido información detallada sobre el destino de esos recursos ni sobre los ingresos provenientes de arriendos de otros bienes institucionales.

Dentro de la acción presentada, solicitan que se declare la nulidad del acta de mediación y que no continúe el trámite de ejecución impulsado contra la institución. También pidieron que el juez que conoce la causa se excuse de intervenir por ser, según afirman, socio activo del Colegio de Abogados de Loja.

Verificación

Como parte de la labor periodística y en cumplimiento del principio de contrastación de la información, este medio intentó obtener una versión de la presidenta encargada del Colegio de Abogados de Loja, Goria Marlene Montoya Villamagua; sin embargo, manifestó que no se encontraba en la ciudad por motivos de trabajo.

Posteriormente, Diario Crónica tomó contacto con el presidente de la institución, José Luis Silverio, quien aseguró estar al tanto de la situación y explicó que “la persona a cargo de la obra tenía que emitir facturas y como no lo estaban haciendo suspendieron los pagos porque el Colegio justifica todo egreso”. Además, afirmó que no existe temor de perder la sede del gremio ubicada en las calles José Antonio Eguiguren entre Bernardo Valdivieso y Olmedo.

Más pedidos

Otro de los puntos planteados es que el directorio habría excedido el período para el cual fue electo, correspondiente a 2023-2025. Frente a ello, los comparecientes exigen el llamado inmediato a elecciones para designar a los nuevos representantes del gremio.