Rafael Riofrío
Bajo la fachada discursiva de la “seguridad”, el presidente Noboa impone la militarización del territorio y la criminalización de la protesta contra las organizaciones populares, indígenas y sindicales. No presenciamos un plan de paz, sino un ajuste estructural violento que precariza el trabajo juvenil, privatiza servicios públicos y entrega nuestra soberanía a los dictámenes del FMI. El régimen, carcelero de los intereses de la burguesía utiliza los estados de excepción perpetuos no para proteger al pueblo, sino para blindar el saqueo de recursos y silenciar la resistencia social desde la base.
Las estadísticas confirman esta gravísima crisis estructural. En julio, el pesimismo ciudadano alcanza el setenta y ocho por ciento frente a un exiguo optimismo, reflejando un estado de ánimo de resignación y constante miedo. La inseguridad se consolida como la causa principal de este malestar colectivo, desplazando paulatinamente la indignación social. Esto se articula con una deslegitimación profunda del Ejecutivo, que muestra una incapacidad orgánica para proveer la protección social que las familias ecuatorianas demandan.
La narrativa oficial del régimen de Daniel Noboa, destaca como “éxitos” el incremento de depósitos bancarios, reservas récord, la baja del riesgo país y menor pobreza. Sin embargo, al someter estos datos a una lectura sociocrítica, se evidencia que, en la economía real, no generan empleo ni mejoran el poder adquisitivo. La acumulación de depósitos responde al extractivismo social de las remesas por migración forzada y al sobreendeudamiento en tarjetas de crédito para subsistencia básica. Asimismo, la reducción del riesgo país prioriza la tasa de ganancia del capital financiero especulativo a costa de la austeridad fiscal y el vaciamiento presupuestario en salud, educación y obra pública.
Frente a esta realidad de despojo, es urgente fortalecer la solidaridad entre los pueblos que resisten a las agresiones de la derecha y rechazar las políticas coercitivas a los municipios empleadas como chantaje. Los sectores populares empiezan a elevar la denuncia contra un modelo de desarrollo basado en el beneficio capitalista que pone en riesgo la supervivencia de las mayorías.
En este horizonte de conflictividad, la memoria histórica de las luchas sociales reafirma que la subalternidad no es permanente. La reactivación de la organización comunitaria y el poder popular se erige como la única garantía para exigir trabajo digno, seguridad integral, el cese de la violencia estatal y la restitución plena de las garantías democráticas.