Antonio C. Maldonado V.
Sin recibir la buena nueva que debería darnos el Gobierno Nacional, o más bien dicho, el gobernante nacional hasta la presente fecha, porque esta es la autoridad que dicta la resolución, el 15 de septiembre de este año el Presidente Daniel Noboa declaró un nuevo Estado de Excepción por grave conmoción interna en ocho provincias: Esmeraldas, El Oro, Guayas, Los Ríos, Manabí, Pichincha, Santa Elena y Santo Domingo de los Tsáchilas.
De estas provincias, en solo cuatro se oficializó el toque de queda, por ser consideradas entre las provincias más violentas del país: Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro; de acuerdo con las cifras del Ministerio del Interior, entre enero y julio de 2026, los homicidios intencionales subieron en 79 ciudades del país respecto de 2025, que fue el año más violento de la historia. La medida de restricción de movilidad o toque de queda estará vigente desde el 17 hasta el 30 de septiembre de 2026, en la franja horaria comprendida entre las 00:00 y las 05:00. John Reimberg, ministro del Interior, indicó que este período busca precautelar la integridad de la ciudadanía, pues se intensificarán las operaciones de las fuerzas del orden en contra de las actividades ilícitas vinculadas al crimen organizado.
Lo expuesto por el Gobierno busca restaurar el orden y combatir la delincuencia que sigue creciendo, pero no nos dice nada sobre el perjuicio económico que estas medidas ocasionan a la economía nacional y a todos los habitantes, especialmente, en mayor volumen, a los sectores productivos y de servicios a lo largo y ancho del país.
Este perjuicio puede ser considerable y acarrear graves consecuencias para el país, porque, además de las medidas que ya se están tomando de manera preventiva, se anuncia la posible llegada del fenómeno de “El Niño”. Frente a esta situación, el Gobierno Nacional implementa el Plan de Acción Nacional de Gestión de Riesgos para coordinar la prevención con los gobiernos locales; El enfoque general se divide en tres ejes claves: medidas de infraestructura y entorno urbano, que incluyen limpieza de alcantarillas, control de basura y mantenimiento de techos y desagües; preparación familiar y comunitaria, con la elaboración de planes familiares de emergencia y mochilas de emergencia; y respuestas de seguridad institucional, con el monitoreo meteorológico permanente, planes de contingencia en centros educativos y restricciones en zonas de peligro.
Para coadyuvar en estas medidas, sería conveniente que las organizaciones e instituciones, en lo que conocen y puedan aportar económicamente y con el caudal de sus conocimientos, contribuyan a prevenir y solucionar mayores desastres.