Gustavo Dávila, representante de la Alianza Nacional por la Salud, acudió ante la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social, de la Asamblea Nacional, con el fin de exponer su preocupación por los actos de corrupción que se han dado en los últimos meses en el país.

Indicó que la Alianza Nacional agrupa a 30 organizaciones, las cuales buscan mejorar la vida de quienes tienen enfermedades catastróficas, huérfanas y raras, por eso su propuesta es que del 25% de lo que se recupere de los actos de corrupción se invierta en salud, medicamentos y atención de estos pacientes.

Hugo García, director de Suyana, recalcó que la salud es un derecho garantizado en la Constitución, sin embargo, este ha sido vulnerado porque las personas con enfermedades catastróficas, raras o huérfanas no acceden a medicamento. Sostuvo que conformarán veedurías ciudadanas y de control social para vigilar el cumplimiento de las leyes que beneficien a este grupo de la población.

De su parte, Enrique Terán, médico de la Universidad San Francisco de Quito, manifestó que luchan por un proceso que mejore y transparente la accesibilidad de medicamentos para enfermedades catastróficas y raras. Recalcó que el bajo número de personas que padecen estos problemas hace imposible que la compra de fármacos sea masiva, sin que se pueda garantizar la calidad de vida de los pacientes.

Mientras tanto, Santiago Carrasco, presidente de la Federación Médica Ecuatoriana, resaltó que la corrupción es la forma más nefasta de hacer daño a la población. Dora García, paciente, destacó que en el sistema de salud no hay medicina necesaria, tampoco acceso a controles ni tratamientos, dijo que este grupo vulnerable necesita atención oportuna y que las leyes que contemplan beneficios a su favor se cumplan a cabalidad.

Tras estas intervenciones, Raúl Tello, presidente de la Comisión, brindó su apoyo en nombre de la mesa y reconoció su justo reclamo, al mismo tiempo, indicó que en la Ley de Extinción de Dominio podría incluirse que un porcentaje del dinero recuperado por actos de corrupción sea destinado para este grupo poblacional. A este pedido se unió la legisladora Mae Montaño.(I)