El presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, aseguró que no descarta consultar a los ecuatorianos sobre la posible eliminación del Consejo de la Judicatura (CJ) para evitar conflictos entre la Corte Nacional de Justicia y el Consejo de la Judicatura. Analistas dan su opinión sobre la posibilidad de ejecutar esta acción.   

Circunstancias

El jurista Patricio Valdivieso Espinosa indicó “que el Consejo de la Judicatura fue creado con la finalidad de ser el ente administrativo de la Función Judicial, sin embargo, con el pasar del tiempo incluida la consulta de 2011 y la Constitución de la República de 2008 se le dio características hasta de Gobierno, lo que sirvió para perseguir a los jueces”.

“Es así que en la actualidad se desconoce cuál es el rol que cumple esta entidad. Los cambios que se le dé deben ser estructurales y de fondo, evitando que la política se meta en esta institución que aparentemente vigila el accionar de los jueces”.

El abogado Daniel González Pérez agregó que la Corte Constitucional se ha pronunciado con respecto a la eliminación de las entidades públicas y para esto hay que realizar una reforma parcial, es decir, que deba ser analizada en dos debates en la Asamblea Nacional y luego consultada al pueblo ecuatoriano. “En este caso el presidente de la República debe realizar un pedido a la Corte para que analice el caso y determine cuál es la vía factible: reforma parcial o enmienda.

Agregó que esta propuesta debe ser más analizada minuciosamente porque el Consejo de la Judicatura existía desde antes de la Constitución del 2008. “No pueden destinarse funciones a los jueces, como por ejemplo para la contratación de personal, compra de bienes y servicios, arrendamiento de bienes inmuebles que necesite la institución, para eso debe haber un órgano administrativo. Es apresurado hablar de una consulta para desaparecer el órgano administrativo que es necesario que exista sino se distraerían los magistrados de sus funciones principales que es administrar justicia.

En cambio, el analista político, Freddy Bravo Bravo, puntualizó que esta entidad nunca debió existir y con mayor razón porque hicieron una herramienta de persecución a jueces. “Como puede haber un ente administrativo que esté por encima de los magistrados; la justicia tiene el mismo orden jerárquico del ejecutivo y legislativo. El fallo de la justicia tiene que ser obedecido por cualquier persona sea autoridad o no”.

Acotó que si se elimina el CJ, la Función Judicial tiene que tener sala y una unidad que se encargue del tema administrativo para no distraer a los jueces de su trabajo.(I).