Como parte del trabajo que la Contraloría realiza en las empresas públicas del país, el organismo confirmó cuatro responsabilidades civiles, que suman USD 5’061.865, para los funcionarios de la Unidad Nacional de Almacenamiento (UNA) y para empresas que suscribieron contratos de compraventa de arroz paddy a plazo, para exportación, que actuaron entre el noviembre de 2018 y julio de 2019.

La glosa por el monto más alto —USD 3’244.113— se determinó debido a que los administradores de los contratos autorizaron la entrega del producto a los compradores sin verificar que esté facturado y pagado, conforme el cronograma contractual. 

Auditoría también advirtió que, en diez contratos de compraventa, el gerente general de la UNA estableció un precio inferior al oficial. El funcionario justificó la decisión argumentando que detectó humedad e impurezas en varios sacos. En este caso, originó un perjuicio económico a la entidad de USD 822.555.

La Contraloría también responsabilizó a los administradores de los contratos que no aplicaron multas por USD 780.733, ante el incumplimiento de los plazos contractuales por parte de los exportadores.

Además, identificaron pérdidas económicas porque la empresa pública asumió el valor del traslado del arroz a los centros de acopio de los compradores. La normativa señala que los contratistas deben asumir ese rubro, omisión que derivó en otra glosa de USD 214.464. (I)