César Augusto Correa
La declaratoria de “muerte cruzada” lo salvó a Guillermo Lasso de irse en mayo pasado y expuso al país al terrible peligro de que en ausencia de la Asamblea Nacional el jefe máximo de la derecha ecuatoriana aprovechara para dictar e imponer nefastas reformas legales mediante la expedición de decretos ley de emergencia alejados de los principios constitucionales vigentes.
Efectivamente Lasso se preparó para echar al tacho de la basura numerosas conquistas sociales y políticas, para entregarlo al país atado y maniatado al capital extranjero. Ventajosamente la Corte Constitucional ha sabido en estos casos cumplir sus deberes tal como correspondía.
Los decretos ley de emergencia emitidos por Lasso contenían artículos que estaban en clara contradicción con las disposiciones de la Constitución y que tenían la finalidad de perjudicar a los trabajadores, así como arrebatarle la soberanía jurídica al Ecuador.
Todas las personas interesadas en que en nuestra sociedad prime el respeto a la ley y a los derechos debíamos expresar nuestra complacencia por los correctos dictámenes de la Corte Constitucional, que rechazaron la pertinencia de los decretos ley del abusivo banquero; pero ocurrió que la prensa corrupta y los grandes empresarios, inmediatamente, montaron una maligna y contundente campaña en contra de los vocales de la Corte Constitucional, acusándolos de haber cometido un atentado contra los intereses nacionales.
Las leyes del Ecuador han establecido desde hace décadas el principio de que en las quiebras de las empresas, al momento de proceder a la liquidación, se tiene que, en primer lugar, cubrir todas las deudas laborales, pero Lasso emitió el decreto que reformaba lo anterior para imponer otro orden, según el cual las deudas para con los trabajadores conservaban su consideración de privilegio, pero introducía 3 excepciones, con las cuales, a final de cuentas, en adelante al quebrar las empresas los trabajadores terminarían perdiéndolo todo…
Decenas de acuerdos financieros aprobaron los negociadores ecuatorianos en Costa Rica, pero lo hicieron muy mal, con craso desconocimiento del mandato constitucional y ahora se tiene que volver a la mesa de conversaciones. Sin vergüenza, los negociadores ecuatorianos y la prensa corrupta le echan la culpa a la Corte Constitucional, porque rechazó el decreto ley de emergencia con el que renunciábamos a la soberanía jurídica y entregábamos el país a manos de los organismos extranjeros conocidos por su inclinación a fallar en contra de las instituciones públicas.
Esperamos que la Corte Constitucional se mantenga firme en su decisión de defender la vigencia de la Constitución y siga frenando los intentos de los empresarios de pescar a río revuelto mientras permanecemos sin Asamblea Nacional. Esta conducta injurídica del ejecutivo nos demuestra que es esencial para la democracia contar con un órgano legislativo elegido por el pueblo.