Santiago Armijos Valdivieso
Los recientes hechos de violencia acontecidos en el país, en los que han sido asesinados policías, privados de la libertad, un docente de la Universidad de Santa Elena, un fiscal de Babahoyo, un comediante, etc.; constituyen macabros eslabones de una larga cadena de muertes sangrientas, enfrentamientos entre pandillas del terror y vejámenes contra los ecuatorianos.
Ello ratifica la terrible situación de inseguridad que atormenta al país, cada vez con menos esperanza de que esto cambie. Es verdad que un problema tan complejo como este no es de fácil y de pronta solución, dado que es necesario atender varios factores que topan esferas sociales, económicas, educativas, políticas e internacionales. Tampoco se puede desconocer que la violencia no solo está adueñada de Ecuador, sino de gran parte de Latinoamérica. Sin embargo, siempre estaremos en el justo derecho constitucional de reclamar seguridad ciudadana al Gobierno Central, al legislativo (ojalá lo haga el que está por posesionarse), a las fuerzas del orden y al sistema judicial. Penosamente, hay que decirlo, todo lo poco que se ha hecho, es insuficiente, ya que la inseguridad en calles, urbanizaciones, salones de comida, mercados, plazas, carreteras y prisiones se torna cada día más grave y afecta a más personas y rincones de la Patria. Está claro que, desde hace mucho tiempo, nuestro país dejó de ser un rincón de paz, pero jamás habíamos llegado a los terribles extremos de violencia y vandalismo que hoy experimentamos. Entonces: ¿cuál sería el mejor camino para enfrentar el problema y dejar de lamentarnos? Pregunta para difíciles respuestas, pero hagamos el intento con la formulación de cuatro ideas que las considero básicas.
En primer lugar, el presidente debe liberarse de los asesores económicos que creen ciegamente en la idea de que gobernar un país se restringe a ser esclavos de la ortodoxia contable y financiera; tan restrictiva a la hora de cumplir con la deuda social y lidiar con la pobreza.
En segundo lugar, el gobierno tiene que implementar efectivas políticas sociales y educativas para prevenir que menores de edad caigan en los roles de pago de la delincuencia, y especialmente del sicariato.
En tercer lugar, se debe contratar asesores internacionales con amplia experiencia en materia de seguridad para que guíen a las autoridades: nacionales, provinciales y cantonales, en la toma de las decisiones correctas para combatir la delincuencia que, penosamente, alcanza linderos internacionales, por el tráfico de drogas.
En cuarto lugar, se debe revisar integralmente las leyes del sistema de justicia penal que tenemos, y así frenar la ola de impunidad que ahoga al país: el impulso de una ley de auditoría jurídica técnica e imparcial para revisar el accionar de jueces penales y fiscales, sería un buen inicio.
El tiempo se agotó y este gravísimo problema se nos fue de las manos, al punto que estamos desesperados. El próximo mandatario que elegiremos este 15 de octubre debe tenerlo muy en cuenta.