Por el año 2020, el Consejo Cantonal de Protección de Derechos nombró a los integrantes principales de la Junta Cantonal de Derechos, pero obvió a los suplentes, esto ha provocado que procesos de acciones administrativas de protección perduren mucho tiempo y no haya personal que dé solución.

Circunstancias

“El derecho de protección de los niños y de los grupos de atención prioritaria tiene un sistema que radica en la Junta Cantonal de Protección de Derechos, entidad bajo la organización y financiamiento del Municipio de Loja”, señaló a este diario, el abogado Gerónimo Ruiz Loaiza.

Acotó que paralelamente a ello, el Código de la Niñez, Código de Organización Territorial y la Ordenanza Municipal establece que en el cantón Loja exista un Consejo Cantonal de Protección de Derechos, “el cual olvidó nombrar a la Junta Cantonal con todos sus integrantes, lo que generó —a lo posterior— que solo existan tres miembros principales y no suplentes; así, cuando hay situaciones jurídicas que ocasionan la excusa, recusación o relevo de uno de ellos, el problema se hace evidente”, dijo.

En el caso que trabaja, “hemos accionado porque a nuestro cliente, dentro del establecimiento de medidas administrativas, el juez ordenó una actuación de miembros suplentes de la Junta; pero al no existir ha hecho que esta medida se extienda mucho tiempo (casi dos años), cuando es de cumplimiento inmediato”, puntualizó.

Por su parte, el jurista Jaime Villavicencio Guevara mencionó que no es racional que una acción administrativa de protección dure alrededor de 2 años. “Al ver adversa el cumplimiento de esta medida se apeló y el juez dio la razón y ordenó a la Junta Cantonal resuelva este inconveniente, siempre y cuando se excusen los causantes del problema judicial-administrativa”, mencionó.

Además, en la audiencia de Acción de protección, que será el martes 05 de diciembre de 2023, a las 11h00, en la Unidad Penal, pretenden que se determine que la Junta Cantonal y el Consejo Cantonal de Protección de Derechos ha incurrido en violaciones de derechos constitucionales que deben ser reparados y resarcidos en el menor tiempo posible”, añadió.

Los juristas invitaron a sus colegas abogados —que tengan situaciones similares— a que formen parte de los amicus curiae para analizar su situación jurídica. (I)