Santiago Armijos Valdivieso
Luego de haber cerrado sus puertas, por cerca de seis meses, como resultado de la aplicación de la “muerte cruzada”, la Asamblea Nacional las vuelve a abrir para darse otra oportunidad de ser verdaderamente la primera Función del Estado, en la que las voces de sus asambleístas se arropen de civismo y voluntad democrática para legislar y fiscalizar por el bien común. Por ello, a dos semanas de su instalación cabe preguntarnos: ¿Los asambleístas están dispuestos a mejorar su accionar o persisten en los errores del pasado? Aunque la respuesta no es fácil, ni única, vale expresar algunas consideraciones.
Aunque se puede aceptar como válida la necesidad de bajar el nivel de confrontación con entendimientos políticos de los bloques para la elección de las autoridades legislativas, con el camaleónico Partido Social Cristiano a la cabeza, ha sido lamentable que comisiones legislativas, como la de Fiscalización y Control Político, y la de Justicia y Estructura del Estado, estén presididas por la Revolución Ciudadana, cuyos máximos representantes y varios de sus dirigentes tienen gravísimas cuentas pendientes con la justicia.
En otro tema, es justo reconocer el acierto de la Asamblea de posesionar como contralor general del Estado al Dr. Xavier Mauricio Torres Maldonado, claro ganador de un concurso, y profesional lojano probo, cuyos méritos personales y académicos, felizmente se impusieron a los intereses mezquinos de la politiquería. Ya en sus primeras declaraciones anunció su compromiso de luchar irrestrictamente contra la corrupción, de acuerdo con el Derecho, y acertadamente ofreció presentar una reforma a la Ley Orgánica de la Contraloría para incluir temas como la auditoría forense, la auditoría informática y el asesoramiento en el control continuo. El reto es enorme, ya que la mayor fuente de corrupción en el Ecuador está en la contratación pública, que precisamente debe ser auditada rigurosamente por el Contralor General y su equipo. Sin duda, la designación de Mauricio Torres Maldonado es un rayo de esperanza para el bien del país.
De otro lado, resulta un sinsentido el obsesivo afán del bloque de la Revolución Ciudadana de enjuiciar políticamente a la fiscal general del Estado, bajo difusos, imprecisos, forzados y discutibles argumentos como atribuirle responsabilidad por la inseguridad, la incapacidad para defender a sus fiscales y negligencia a la hora de trazar una estrategia para luchar contra la delincuencia. La verdad es que la Dra. Diana Salazar Méndez es una de las pocas autoridades de control que han luchado valientemente, y a costa de exponer su vida, contra la corrupción y la delincuencia, en todos los niveles. Esto es tan cierto que, por su recta y responsable labor, poderosos delincuentes de cuello blanco han sido condenados por sus fechorías. Por el bien del Estado de Derecho y en perjuicio de la impunidad, ojalá que este absurdo juicio político no prospere y una mayoría legislativa apoye la lucha que libra la valiosa fiscal general.
Finalmente, es positivo que la Asamblea tenga predisposición para revisar la Ley Orgánica de Eficiencia Económica y Creación de Empleo, con carácter económico urgente, remitida por el presidente Daniel Noboa. Seamos positivos y aspiremos a que la discusión del cuerpo normativo presentado contribuya a encontrar soluciones a la difícil situación económica que afecta al país.
Es deber democrático de todos los ciudadanos seguir con atención el imprevisible accionar de los asambleístas.