El presidente de la República, Daniel Noboa, plantea el uso de armas decomisadas por policías y militares; a decir de juristas, lo pueden hacer tras haber pasado los ámbitos judiciales.

Circunstancias

La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas cada día decomisan armamento tras operativos efectuados en ciudades y sectores rurales; sin embargo, los dispositivos terminan siendo destruidos. Según el mandatario, “tenemos necesidades en la Fuerza Policía, por lo que podríamos usar las armas decomisadas”.

El jurista César Guerrero Cueva señaló que la norma establece que las armas de fuego deben ser destruidas, pero pueden dar el uso que la autoridad disponga; es decir, las que fueron identificadas en hechos delictivos, entran en cadena de custodia, pero una vez pasado el proceso judicial en el Tribunal de Garantías Penales de quien las poseía, el juez ordena chatarrearlas y allí es cuando puede cambiar su fin, a la reutilización.  

Añadió que una de las propuestas es que el Gobierno entregue el armento viejo a Estados Unidos y sea cambiado con armas nuevas y de último modelo.

“La delincuencia organizada tiene armamento más letal, que destaca en táctica, técnica y operatividad en relación al Estado; en términos generales, ha declinado a favor de la inseguridad más no de la ciudadanía, es allí cuando las autoridades deben actuar y dar ese respaldo a la Fuerza Pública”, dijo.

En cambio, Henry Toledo Zimbaña, abogado penal, acotó que son decenas de armas de grueso calibre: fusiles, pistolas, revólveres, entre otros…, incautadas. “La delincuencia nos supera en número, específicamente en armamento, muchos de estos, letales y de grueso calibre, tras su incautación y luego de pasar las indagaciones, debería ser entregadas de inmediato a las fuerzas del orden, esto ahorría al Estado miles de dólares, recursos que no existen”, puntualizó.

Cree que, con ello, el mensaje que se enviaría a los grupos delictivos es que con sus mismas armas —adquiridas de manera irregular— podrían, en cualquier momento, ser abatidos. “La norma podría ser modificada por el bien de los ecuatorianos”, concluyó. (I)