La fiscal Diana Salazar anunció el lunes 19 de agosto que, con la autorización de su médico, está lista para enfrentar el juicio político promovido por el correísmo en la Asamblea Nacional. Salazar, quien previamente había solicitado una suspensión temporal del proceso debido a un embarazo de alto riesgo, calificó el juicio como un «narcojuicio» y lo atribuyó a una revancha por las investigaciones que ha llevado a cabo. Aseguró que las acusaciones en su contra carecen de fundamento y que continuará con sus investigaciones mientras espera su comparecencia ante la Comisión de Fiscalización.

La reactivación del proceso se llevará a cabo tras el receso parlamentario, cuando el CAL se reunirá para resolver el pedido de Salazar. Las acusaciones en su contra provienen de los asambleístas correístas Gisella Garzón y Héctor Valladarez, quienes la acusan de incumplimiento de funciones e inacción en varios casos judiciales.