El Tribunal Supremo de Alemania confirmó el 21 de agosto de 2024 la condena de Irmgard Furchner, una exsecretaria de 99 años que trabajó en el campo de concentración de Stutthof, por complicidad en 10.505 asesinatos como parte del plan de exterminio nazi. Furchner, quien ejerció como secretaria entre 1943 y 1945, fue sentenciada a dos años de cárcel, conmutables por libertad condicional.

La Audiencia Provincial de Itzehoe determinó que su labor contribuyó al asesinato sistemático de prisioneros. La defensa apeló la sentencia, argumentando que Furchner no era consciente de los crímenes cometidos en el campo, pero el Tribunal Supremo rechazó este recurso.

El caso ha captado la atención pública no solo por la avanzada edad de Furchner, sino también porque podría ser uno de los últimos juicios relacionados con el Holocausto. Stutthof, ubicado cerca de la actual Gdansk en Polonia, fue el lugar donde 110,000 personas fueron internadas y alrededor de 65,000 asesinadas entre 1939 y 1945.

Este juicio reavivó el debate sobre la tardanza de la justicia alemana en procesar a los cómplices de los crímenes nazis. Durante décadas, las condenas fueron limitadas debido a una sentencia del Tribunal Supremo en 1969 que exigía pruebas concretas de complicidad. Sin embargo, en 2011, un cambio en la doctrina permitió que se iniciaran nuevos procesos, condenando a personas que formaron parte de la «maquinaria de la muerte» sin necesidad de demostrar un vínculo directo con los asesinatos.

Desde entonces, más de una docena de juicios se han llevado a cabo, donde víctimas del nazismo han podido dar su testimonio. Según el catedrático Christoph Safferling, la sentencia de 1969 fue un grave obstáculo para la justicia, impidiendo durante años la realización de estos procesos.