Los jueces del Tribunal Contencioso Administrativo y Tributario del cantón Loja ordenó la suspensión de la terminación del contrato unilateral, realizado por el Municipio de Loja, en contra de la empresa Simar Constructores. Concejal señala que el Ayuntamiento debe defender su tesis.

Circunstancias

El contrato 104-2021, signado el 23 de agosto de 2021 entre la empresa y la Municipalidad local, era para el asfaltado de 10 barrios. En la actualidad: 3 se encuentran prácticamente culminados; 4 están paralizados; y, en los tres restantes, no hay labor alguna.

Tras meses de retrasos y reclamos de la ciudadanía, el 03 de octubre de 2024, el Ayuntamiento local notificó a Simar Constructores la terminación unilateral del contrato.

En respuesta, la empresa —a través de la vía judicial— solicitó la suspensión del acto administrativo, respuesta que llegó el miércoles 13 de noviembre de 2024: el Tribunal Contencioso Administrativo y Tributario le dio la razón a Simar. 

En este sentido, la acción resultaría perjudicial para los moradores de los barrios donde actualmente el Municipio está trabajando, ya que la medida permite la paralización de cualquier labor —hasta que se solucione el conflicto—.

Sustentación

Para el concejal John Espinosa Villacrés, presidente de la Comisión de Legislación y Fiscalización, la demanda inicial de Simar fue la suspensión del acto administrativo (terminación unilateral del contrato), “entiendo que los jueces, dentro de su providencia, debieron haber motivado las razones para suspender el acto administrativo; sin embargo, esto conlleva a que el Municipio no pueda seguir con las obras que vienen ejecutándose en los barrios”, dijo.

Acotó que dicha suspensión, tampoco es definitiva y puede ser revocada por el mismo Tribunal cuando no haya evidencias de la sustentación. “Esperamos la respuesta del Municipio a la demanda y tiene un plazo de 30 días, tiempo en que deberá razonarse el porqué no debe darse la suspensión del acto administrativo”, refirió.

Añadió que como Comisión de Legislación y Fiscalización revisaron este hecho y, a su parecer, cumple con todos los elementos para que se dé la terminación unilateral del contrato, pero la empresa —como cualquiera—tiene derecho a defenderse y lo está haciendo.

En contraste, desde el Municipio de Loja se informó que conocen del fallo y analizan las alternativas a seguir, en el ámbito jurídico, para defender los derechos de la entidad pública. (I)