El presidente Yoon Suk-yeol sorprendió al país al declarar la ley marcial este 3 de diciembre, justificando la medida como necesaria para «proteger el orden democrático» frente a presuntas amenazas de «fuerzas pronorcoreanas».

Esta decisión, inédita en más de cuatro décadas, otorga poderes extraordinarios a los militares y restringe libertades civiles. Sin embargo, ha generado fuertes críticas dentro y fuera del país, con la oposición acusando a Yoon de autoritarismo y de utilizar motivos de seguridad nacional como pretexto para consolidar poder en medio de una crisis política y escándalos de corrupción que han debilitado su gobierno.

El Parlamento, dominado por la oposición, votó en contra del decreto, pero las Fuerzas Armadas anunciaron que mantendrán la medida hasta que el presidente decida lo contrario. Mientras tanto, manifestantes y policías se enfrentaron en las calles, y la tensión institucional alcanzó niveles inéditos.

Desde Estados Unidos, el Departamento de Estado expresó «seria preocupación» por los acontecimientos, que han puesto a prueba la estabilidad de la democracia surcoreana en su momento más delicado de las últimas décadas.