Cerca de 1.800 trabajadores de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) han dejado de percibir los beneficios económicos del contrato colectivo desde febrero, tras una sentencia de la Corte Constitucional.

La resolución 1788-24-EP/25, emitida el 17 de febrero, ordenó que estos empleados, quienes en noviembre de 2021 pasaron del régimen de la Ley Orgánica de Empresas Públicas (LOEP) al Código de Trabajo, regresen a su estatus anterior bajo la LOEP. Con este cambio, se eliminan los beneficios del contrato colectivo.

Además, la Corte dispuso que CNEL recupere los valores pagados a estos trabajadores, estimados en USD 79 millones. Para ello, la empresa deberá acordar con los empleados la devolución del dinero a través de descuentos en sus salarios durante 36 meses.

Aunque los descuentos aún no se reflejan en las nóminas, desde febrero los trabajadores han dejado de recibir beneficios como:

–Subsidio por antigüedad: 5% del salario básico, más un 3% adicional por cada año de servicio.

–Subsidio familiar: 3% del salario básico por cada carga familiar.

–Comisariato: USD 50 mensuales en víveres, descontados del rol de pagos como crédito en comercios aliados.

Para muchos empleados, estos beneficios representaban entre USD 350 y 700 adicionales en sus ingresos. Con su eliminación, varios han quedado sin capacidad de pago para cubrir préstamos, alquileres y gastos básicos. En algunos casos, tras los descuentos por créditos, el salario neto recibido en febrero fue mínimo o incluso cero.

Acciones legales en curso

La incertidumbre crece entre los trabajadores de CNEL, quienes aún desconocen cómo afrontarán sus compromisos financieros. La situación se agravará cuando la empresa inicie los descuentos para recuperar los USD 79 millones ya pagados en beneficios.

Ante esto, el Comité de Empresa de los Trabajadores de CNEL ha presentado un recurso de ampliación y aclaración ante la Corte Constitucional para definir cómo se aplicarán los descuentos.

Además, Xavier Garaicoa, exprocurador general del Estado y abogado de los trabajadores, anunció que interpondrán una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para frenar la aplicación de la sentencia.