El Gobierno de Estados Unidos anunció este viernes 21 de marzo de 2025 sanciones contra la expresidenta argentina Cristina Fernández (2007-2015) y el exministro de Planificación Federal, Julio de Vido, por su implicación en casos de corrupción durante su gestión pública.
El secretario de Estado, Marco Rubio, informó que la medida, impulsada por la administración de Donald Trump, impide tanto a Fernández como a De Vido, así como a sus familiares inmediatos, ingresar a territorio estadounidense.
Acusaciones y sanciones
Según el comunicado oficial, ambos exfuncionarios «abusaron de sus cargos al orquestar y beneficiarse de múltiples esquemas de sobornos vinculados a contratos de obras públicas, causando el desvío de millones de dólares del erario argentino».
Rubio enfatizó que diversas instancias judiciales han condenado a Fernández y De Vido por corrupción, «erosionando la confianza del pueblo argentino y de los inversionistas en el futuro del país».
Además, subrayó el compromiso de EE.UU. con la lucha contra la corrupción a nivel global:
«Seguiremos promoviendo la rendición de cuentas para quienes abusan del poder público en beneficio propio. Estas sanciones reafirman nuestra determinación de combatir la corrupción, incluso en los más altos niveles de gobierno».
Situación judicial de Cristina Fernández
En noviembre de 2024, la Cámara Federal de Casación Penal de Argentina ratificó la condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra Cristina Fernández.
El fallo se enmarca en la causa por irregularidades en la concesión de 51 obras viales a empresas del empresario Lázaro Báez durante su gobierno y el de Néstor Kirchner (2003-2007).
La sentencia original, emitida en diciembre de 2022, representó la primera condena penal en su contra y tuvo un fuerte impacto político. No obstante, Fernández no ha sido detenida, ya que el fallo aún no es definitivo.
El pasado 14 de febrero, la exmandataria presentó un recurso para revocar su condena, mientras que la Fiscalía solicitó aumentar su pena a 12 años de prisión, insistiendo en la acusación por asociación ilícita.
