La asambleísta electa por Revolución Ciudadana, Priscila Schettini, fue sancionada con la pérdida de sus derechos políticos por tres años, según resolución del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), que también le impuso una multa de USD 22.500.

La sanción responde a una denuncia por violencia política de género presentada por la fiscal general, Diana Salazar. Con cuatro votos a favor y uno en contra —el de la jueza Ivonne Coloma, quien advirtió falta de garantías al derecho a la defensa—, la resolución fue emitida días antes de la posesión de la nueva Asamblea Nacional.

Schettini no podrá ejercer como legisladora, pese a haber sido electa en los recientes comicios. La abogada Angélica Porras, también implicada en la denuncia, fue sancionada con una multa de USD 13.500 y la suspensión de sus derechos políticos por dos años.

Schettini ha mantenido una disputa abierta con la fiscal Salazar, a quien ha acusado de forjar pruebas contra su esposo, Freddy Carrión, exdefensor del Pueblo, quien fue sentenciado por abuso sexual y liberado en mayo de 2024 tras tres años de prisión.