El trágico ataque ocurrido el pasado 16 de mayo frente a la Universidad Estatal Península de Santa Elena (UPSE) ha dejado una profunda huella de dolor. Daniela Figueroa Guale, estudiante de Educación Básica, perdió la vida tras recibir un disparo en la cabeza. Su compañera, Mónica Limones Soriano, también resultó gravemente herida y fue trasladada de urgencia a Guayaquil, donde lucha por sobrevivir.

Mónica, de la comuna Pechiche (Chanduy), estaba embarazada y esperaba a su primer hijo. Una bala perdida le atravesó el cráneo mientras esperaba el bus tras salir de clases. Médicos del Hospital Liborio Panchana realizaron una cesárea de emergencia, pero el bebé, de 28 semanas, no resistió y falleció horas después. Actualmente, Mónica permanece en estado crítico y su familia pide cadenas de oración por su recuperación.

Daniela, de 22 años, murió en el lugar del atentado. Sus compañeras y amigas la despidieron entre lágrimas y mensajes de impotencia:

“Hace unas horas reíamos y bailábamos juntas, ahora lloro tu muerte. No merecías esto”, escribió su amiga Michelle.
“Esto no es vida. No se puede estudiar con miedo”, expresó Mach Katt en redes sociales.

Ambas jóvenes quedaron en medio de un tiroteo dirigido contra Josué Cochea, un comerciante informal que operaba fuera del campus y quien fue asesinado. Según la Policía Nacional, el ataque se habría originado por el cobro violento de una deuda relacionada con prestamistas ilegales (‘chulqueros’). Se detuvo a un sospechoso, presunto prestamista, mientras continúan las investigaciones.

La Universidad suspendió clases tras lo ocurrido y emitió un comunicado en el que expresó su consternación y solidaridad con las familias afectadas. La Secretaría de Educación Superior y la alcaldesa de Santa Elena, María del Carmen Aquino, también ofrecieron sus condolencias y apoyo.

“Aunque no tengan fe en las autoridades, quiero que sepan que estoy aquí para ayudar en lo que esté a mi alcance”, afirmó la alcaldesa desde Pechiche.

Este hecho ha generado indignación nacional, al evidenciar que ni siquiera los centros educativos están a salvo de la violencia criminal. Santa Elena, pese a estar bajo estado de excepción, continúa registrando muertes violentas, secuestros y actividades del narcotráfico.